La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, se reunió esta semana en Caracas con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades en el país, en el primer encuentro de este tipo desde que Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas a comienzos de marzo. La misión diplomática informó del encuentro a través de sus redes sociales, donde Dogu señaló que la reunión le permitió conocer las oportunidades que ofrece Venezuela en el actual contexto político y económico.
“El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, afirmó la diplomática, quien añadió que la misión está orientada a respaldar el crecimiento de la inversión en el país. Dogu no proporcionó detalles sobre las empresas participantes ni los sectores discutidos.
El encuentro se produjo el mismo día en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió ante un foro de inversión global en Miami que su gobierno aprobará leyes que garanticen el retorno del capital extranjero “indistintamente de alternancias políticas”. Rodríguez intervino de forma virtual en el FII Priority Summit 2026, organizado por el Future Investment Initiative Institute con sede en Arabia Saudí, donde aseguró que Venezuela avanza hacia una economía “libre de todo tipo de sanción” y proyectó un crecimiento del producto interior bruto de dos dígitos para 2026. Su intervención concluyó de forma abrupta: cuando el moderador abrió la ronda de preguntas, Rodríguez se desconectó sin responder a los inversores presentes.
Un día antes, la líder opositora María Corina Machado —premio Nobel de la Paz de 2025— había presentado ante empresarios petroleros en la conferencia CERAWeek de Houston su propio plan energético, centrado en la privatización del sector y la reducción del papel del Estado. Machado propuso contratos a 25 años con arbitraje internacional y estimó que llevar la producción venezolana del millón de barriles diarios actuales a cinco millones requeriría inversiones superiores a 150.000 millones de dólares en una década. La jornada evidenció la competencia de modelos que coexiste en el proceso venezolano: el gobierno encargado busca atraer capital bajo la estructura chavista reformada; la oposición ofrece a los mismos inversores un esquema de mercado abierto condicionado a una transición democrática.
El desembarco de Dogu en Caracas, a finales de enero, marcó el fin de siete años de cierre de la misión diplomática estadounidense. La diplomática, ex embajadora en Honduras y Nicaragua, opera con un plan de tres fases diseñado por Washington: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Desde su llegada ha sostenido reuniones con Rodríguez en Miraflores, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y con senadores del Comité de Relaciones Exteriores que visitaron Caracas a mediados de marzo.
El restablecimiento diplomático vino acompañado de una flexibilización gradual de sanciones. Washington emitió licencias para reactivar el comercio de crudo venezolano y autorizó la reapertura de las respectivas embajadas. La OFAC —Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro— levantó parcialmente las restricciones sobre las misiones diplomáticas venezolanas en suelo estadounidense, paso que permitió instalar la embajada de Caracas en Washington. Rodríguez anunció esta semana el envío de una delegación a la capital estadounidense para avanzar en esa nueva etapa bilateral.
La industria energética global sigue el proceso con cautela. En la CERAWeek, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth —única compañía petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela—, reconoció oportunidades “para décadas”, pero advirtió que incrementar la producción llevará tiempo. Ejecutivos de Shell y ConocoPhillips mostraron más reservas; esta última perdió sus activos venezolanos tras la expropiación de 2007. A ese escenario se suma la disputa por Citgo Petroleum: un tribunal estadounidense autorizó a finales de 2025 la venta de la filial de PDVSA por 5.900 millones de dólares para saldar deudas con acreedores, una operación que Machado calificó de “perjudicial para Venezuela”.
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