La ONG venezolana Foro Penal denunció que las excarcelaciones bajo medidas restrictivas no constituyen libertad real y advirtió que estos mecanismos sistemáticos de control represivo representan crímenes de lesa humanidad.
La organización reaccionó en medio de un proceso de liberaciones que ha sacado de prisión a cientos de opositores, aunque la mayoría permanece bajo arresto domiciliario con severas restricciones. El pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional avanza en el debate de una ley de amnistía que podría determinar el futuro de cientos de detenidos por razones políticas.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, planteó en la red social X que las excarcelaciones con medidas cautelares y el arresto domiciliario no representan libertad genuina.
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La organización ha verificado 426 liberaciones desde el 8 de enero, cuando el régimen encabezado por Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, según datos actualizados al 2 de febrero, al menos 687 personas permanecen presas por motivos políticos en el país.
El caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ilustra la tensión que rodea este proceso. El exdiputado cercano a la líder María Corina Machado fue excarcelado el domingo pasado tras nueve meses de prisión, pero horas después fue detenido nuevamente por hombres no identificados cuando participaba en una caravana por centros de detención.
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La Fiscalía alegó que incumplió las condiciones de su liberación y solicitó su traslado a arresto domiciliario, aunque su abogado Joel García afirmó que las medidas cautelares solo contemplaban prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.
Guanipa finalmente fue confirmado bajo arresto domiciliario en Maracaibo, según informó su hijo Ramón Guanipa, quien señaló que el dirigente porta un grillete electrónico y enfrenta restricciones más severas, incluyendo prohibición de declarar a medios y publicar en redes sociales.
La familia rechazó estas condiciones argumentando que según la boleta de excarcelación original no existían tales limitaciones, y denunció que resulta materialmente imposible incumplir una obligación de presentarse cada 30 días cuando apenas había transcurrido un día desde su salida.
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El asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, Perkins Rocha, también fue excarcelado el domingo con medidas cautelares muy estrictas, según informó su esposa María Costanza Cipriani.
Rocha permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y vigilancia policial permanente en las inmediaciones de su residencia en Caracas. Había estado detenido 17 meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras ser arrestado en agosto de 2024.
Este endurecimiento de medidas ocurre mientras la Asamblea Nacional desarrolla el proceso de consulta pública sobre el proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión el 5 de febrero. El texto, que debe someterse a segunda discusión para quedar sancionado, contempla casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero excluye delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y narcotráfico.
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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió que todos los presos políticos serían liberados cuando la ley fuera aprobada, estimando que esto ocurriría entre el martes y el viernes de esta semana. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que la liberación debe ser incondicional y no depender de una amnistía, ya que consideran que los detenidos no cometieron delitos que justifiquen su encarcelamiento.
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