La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este lunes el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión armada por parte de Estados Unidos”.
El Decreto N° 5.200, fechado el sábado con la firma del ex dictador Nicolás Maduro -lo dejó listo antes de su detención- y refrendado por su gabinete, habilita la adopción de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía, sociedad y política, enmarcadas en lo que el chavismo calificó como un escenario de “hostilidad externa sin precedentes”.
El texto presidencial, difundido en la Gaceta Oficial, fundamenta la decisión en la confirmación reciente de un ataque por parte de fuerzas estadounidenses. El decreto califica el hecho como “grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la Nación” y como una infracción del Derecho Internacional, aludiendo de forma específica al numeral 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
La declaración del Estado de Conmoción Exterior está contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana y regulada por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Su implementación supone la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como la orden de utilizar “todo el potencial existente como poder nacional” para repeler la intervención.
Búsqueda y captura de personas
Una de las disposiciones centrales -y más polémicas- del decreto es la activación de mecanismos de búsqueda y captura de personas apuntadas por promover o apoyar el ataque.
“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el escrito.
Esta directriz se extiende a la colaboración obligatoria de los cuerpos policiales a escala nacional, regional y municipal, ordenando la remisión de los detenidos al Ministerio Público y al sistema de justicia penal.
El decreto establece también la militarización transitoria de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas, cuyos trabajadores pasarán temporalmente al régimen militar.
Además, refuerza el control de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y autoriza al Ejecutivo a dictar cualquier medida política, legal, administrativa, económica y social que considere necesaria para “restablecer la normalidad”.
Atribuciones
Entre las atribuciones excepcionales figuran la requisición de bienes esenciales para la defensa nacional, la restricción o suspensión del ingreso al país, el cierre de fronteras, la restricción del libre tránsito y la suspensión de reuniones y manifestaciones públicas.
El decreto faculta la exigencia de cooperación a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, incluyendo la imposición de servicios extraordinarios.
“Toda medida dictada con base en esta declaratoria de Estado de Conmoción Exterior, así como su ejecución o implementación, deberá ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación“, subraya.
La acción gubernamental alcanza a la Milicia Nacional y sus integrantes, que quedan bajo comando natural y alistados dentro del Sistema Defensivo Territorial. El texto exige la colaboración de todos los niveles del Ejecutivo, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos, además de las fuerzas militares y policiales.
Duración
La duración inicial del Estado de Conmoción Exterior es de 90 días, prorrogables por una vez, según la Constitución. Desde su entrada en vigor quedan suspendidos los artículos legales incompatibles con el decreto, que será remitido a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para su control y revisión.
Por último, exhortó a la población a “asumir activamente” la defensa de la Nación y a colaborar en la aplicación del decreto “en unión cívico-militar-policial, por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo”.
Su publicación en la Gaceta Oficial le otorga carácter público y fuerza de ley inmediata, según certificó el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.
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