El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que al menos 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos durante operativos realizados por fuerzas del régimen chavista en la Asamblea Nacional y sus alrededores, mientras cubrían la instalación del período de sesiones del parlamento.
Según el gremio, once de los detenidos pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales. Hasta ahora, cuatro han sido liberados, mientras que los otros 10 permanecen detenidos, algunos en lo que el sindicato describe como situación de desaparición forzosa.
Durante la cobertura, a los trabajadores de la prensa se les prohibió transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías, según el SNTP. Además, al menos tres periodistas fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM y trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo.
Durante estos procedimientos, los agentes revisaron los teléfonos celulares de los comunicadores, solicitando claves de acceso y accediendo a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.
El periodista Daniel Álvarez, reportero del canal Televen, fue privado temporalmente de la custodia de su teléfono mientras los funcionarios se encontraban fuera del lugar donde lo mantenían antes de su liberación.
El SNTP advirtió que estas actuaciones vulneran la privacidad y el secreto de las fuentes, y forman parte de un patrón de criminalización del periodismo que persiste en el país. Según el gremio, “la prisión y detención arbitraria de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y genera autocensura en la cobertura informativa, en detrimento del derecho de la ciudadanía a estar informada”.
En un comunicado difundido este mismo lunes, el SNTP advirtió que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”.
La organización explicó que los arrestos se produjeron mientras los trabajadores de medios realizaban coberturas informativas en un contexto de alta tensión política, marcado por disputas institucionales y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la capital venezolana.
De acuerdo con el SNTP, la libertad de expresión y el acceso a la información “no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales”, consagrados tanto en la Constitución venezolana como en tratados internacionales suscritos por el Estado.
El sindicato sostiene que la vulneración sostenida de estos derechos ha tenido efectos directos sobre el debate público y ha limitado el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna.
El gremio denunció que al menos 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela por causas vinculadas a su labor informativa.
“La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, señaló el SNTP en su declaración, en la que vinculó estos casos con un patrón de criminalización del periodismo.
El comunicado también puso el foco en las restricciones al ecosistema digital informativo. Según el sindicato, más de 60 medios de comunicación se encuentran bloqueados en internet, lo que describió como una forma de “censura estructural” que reduce el pluralismo informativo y limita el acceso a fuentes diversas.
La organización advirtió que el uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de portales de noticias constituye censura previa, una práctica prohibida por la legislación venezolana y por los estándares internacionales de derechos humanos.
El SNTP expresó su solidaridad con unos 180 sindicalistas y trabajadores detenidos por ejercer derechos laborales y sindicales, así como con activistas y defensores de derechos humanos que permanecen encarcelados por su trabajo de denuncia. En ese sentido, reiteró su demanda de liberación de “todas las personas presas por razones políticas”.
Para el gremio, la criminalización del periodismo, del trabajo sindical y de la disidencia pacífica representa un obstáculo para cualquier proceso de reconstrucción institucional.
En su pronunciamiento, exhortó al Estado venezolano a asumir estas demandas como una “prioridad inaplazable” y a adoptar medidas “inmediatas, claras y verificables”, entre ellas la liberación de los detenidos, el levantamiento de los bloqueos digitales y la garantía de condiciones de seguridad para la cobertura de hechos de interés público.
Mientras continúan las reacciones por las detenciones de este lunes, organizaciones locales e internacionales de defensa de la libertad de expresión siguen de cerca la evolución del caso. El SNTP afirmó que mantendrá su labor de documentación y denuncia “hasta que todos los derechos sean plenamente restituidos en Venezuela”, en un país donde el ejercicio del periodismo sigue estrechamente ligado al desarrollo de la crisis política e institucional.
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