Las movilizaciones de trabajadores estatales en Bolivia continuaron este martes por segundo día consecutivo, en rechazo a la decisión del poder Ejecutivo de eliminar la subvención a los combustibles, una medida adoptada la semana pasada que ya comenzó a impactar en precios y tensiones sociales.
Las protestas, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), se concentraron principalmente en La Paz, aunque también se registraron manifestaciones y bloqueos parciales en otras ciudades. Los sindicatos denuncian que el ajuste amenaza con desatar una espiral inflacionaria en un contexto económico ya extremadamente frágil.
Durante casi 20 años, Bolivia mantuvo congelados los precios internos de la gasolina y el diésel. Esa política fue aplicada por los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, que importaban combustibles a precios internacionales y los revendían en el mercado interno con fuertes pérdidas fiscales, financiadas por ingresos de exportación y reservas internacionales.
El esquema permitió durante años contener la inflación y evitar conflictos sociales, pero se volvió insostenible a medida que cayeron los ingresos externos, se redujo la producción de gas natural y se deterioró el balance de pagos. De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales netas se redujeron a mínimos históricos en 2024, limitando la capacidad del Estado para sostener subsidios y pagos externos.
La eliminación del subsidio se produce en medio de una severa escasez de divisas, que ha afectado la importación de combustibles, alimentos y bienes intermedios. La falta de dólares también alimentó un mercado paralelo de divisas y presiones sobre los precios internos.
El viernes pasado, el transporte sindicalizado fue el primer sector en reaccionar, con un paro parcial que afectó el servicio urbano e interurbano. En los días siguientes, mineros, empleados públicos y otros gremios se sumaron a las marchas callejeras, ampliando el conflicto social.
“Queremos la abrogación de ese decreto”, declaró a la AFP Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, quien encabezó una marcha de varios cientos de trabajadores por el centro de La Paz. La movilización avanzó entre detonaciones de petardos de dinamita, una forma tradicional de protesta del sector minero.
La policía antimotines cerró los accesos a la plaza de Armas, donde se encuentran las oficinas del presidente Rodrigo Paz, mientras los manifestantes coreaban consignas contra el Gobierno. “¡Por culpa del gobierno, estamos en las calles!”, gritaban los mineros, con cascos y banderas sindicales.
Argollo y otros dirigentes sostienen que el impacto del ajuste ya se siente en la vida cotidiana. Según el líder sindical, tras el recorte del subsidio “ha subido el precio de la carne, el precio de los pasajes del transporte y eso nos afecta directamente”, una percepción compartida por organizaciones vecinales y transportistas.
La inflación interanual en Bolivia rozó el 20% en noviembre, según cifras oficiales, un nivel inédito en décadas recientes y que marca un fuerte quiebre respecto del largo período de estabilidad de precios que caracterizó al país durante los años del boom de las materias primas.
Ante la presión social, el Gobierno abrió el martes una mesa de diálogo con la COB y otros sectores, aunque dejó claro que no dará marcha atrás con la medida. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el fin de la subvención a la gasolina y el diésel permitirá un ahorro fiscal cercano a los 10 millones de dólares diarios, recursos que el Ejecutivo considera clave para evitar un colapso mayor de las cuentas públicas.
La disputa abre un escenario de alta tensión política y social en Bolivia, donde el ajuste económico choca con una larga tradición de subsidios y con sindicatos que históricamente han tenido capacidad de paralizar al país. El resultado de la negociación marcará no solo el rumbo de la política económica, sino también la estabilidad del Gobierno en un contexto de crisis prolongada.
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