La Casa Blanca defendió este domingo la legalidad de la incursión de la Guardia Costera estadounidense en el petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela, como parte de sus acciones para limitar el financiamiento del régimen de Nicolás Maduro. El operativo, que tuvo lugar el sábado, forma parte de los esfuerzos de Washington por reforzar el control sobre actividades marítimas consideradas ilícitas en la región, especialmente en lo relacionado con el comercio de crudo venezolano sancionado.
Según publicó en X la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, el petrolero transportaba petróleo de PDVSA —la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.— bajo sanciones. Kelly calificó al buque de “falsa bandera” y aseguró que operaba como parte de la “flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Nicolás Maduro. Estas declaraciones respondieron a informaciones difundidas por The New York Times y The Washington Post, que cuestionaban la legalidad de la intervención y apuntaban que el ‘Centuries’ pertenece a una compañía con sede en China, dedicada al traslado de petróleo desde Venezuela a refinerías chinas.
De acuerdo con The New York Times, el ‘Centuries’ navega bajo bandera panameña, en contraste con el petrolero ‘Skipper’, abordado por EE.UU. el 10 de diciembre y que sí figuraba en la lista de sanciones de la OFAC. En ese caso, conforme indicaron las autoridades, el ‘Skipper’ navegaba con una falsa bandera de Guyana y las fuerzas estadounidenses contaban con una orden de registro para inspeccionar la embarcación.
Fuentes oficiales estadounidenses citadas por The Washington Post señalaron que el abordaje al ‘Centuries’ se amparó en el llamado “derecho de visita”, una norma marítima internacional que permite a un buque de guerra inspeccionar otro navío ante la sospecha de que participa en actividades ilícitas, aun sin una orden específica.
El régimen de Venezuela condenó la intervención calificándola de “robo” y “secuestro” de activos y denunció la “desaparición forzada” de la tripulación, según un comunicado oficial. Caracas describió la operación como un acto de “piratería” y acusó a EEUU de violar el Derecho Internacional, anunciando que presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que el operativo continúa la estrategia de sanciones internacionales contra entidades y embarcaciones vinculadas al gobierno de Maduro. Las autoridades subrayaron la importancia de estas acciones para disuadir el transporte de cargamentos ilícitos y asegurar la seguridad marítima regional.
La campaña de EEUU ha incluido un refuerzo militar en el Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas y amenazas directas hacia Venezuela. El pasado 12 de diciembre, el gobierno estadounidense reiteró su intención de incautar más buques para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Desde entonces, el tráfico petrolero venezolano se ha visto afectado: una docena de buques permanecía a la espera sin atracar, mientras empleados portuarios reportaban ausencias por temor a nuevas adjudicaciones, según funcionarios consultados por The New York Times.
Para Venezuela, el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos: las exportaciones de crudo han generado tradicionalmente más del 90% de las divisas del país. La presión sobre la industria obliga al gobierno a ofrecer el petróleo a precios reducidos a compradores como China y a utilizar reservas internacionales para estabilizar la economía.
La flota que transporta el crudo venezolano opera mayoritariamente en la clandestinidad, integrada por unos mil buques antiguos, muchos de los cuales también trasladan petróleo sancionado de Rusia e Irán. Según el sitio TankerTrackers.com, cerca de 80 embarcaciones permanecen en aguas venezolanas o próximas, de las cuales más de 30 están sujetas a sanciones estadounidenses.
Aunque no es frecuente la incautación de buques en aguas internacionales, existen precedentes como en 2020, cuando EE.UU. confiscó cuatro embarcaciones con crudo iraní tras recibir autorización judicial. En el caso del ‘Skipper’, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó a la prensa que la orden judicial permitió la confiscación y el traslado del barco a un puerto estadounidense, donde las autoridades investigan su carga y tripulación, y prevén tomar posesión de 1,85 millones de barriles de petróleo, tras el correspondiente proceso legal.
Últimas Noticias
El régimen chavista mantiene 503 presos políticos mientras la amnistía enfrenta su primera crisis de credibilidad
Organizaciones de derechos humanos documentan rechazos sistemáticos a solicitudes de libertad plena. La ONU denuncia que Caracas no ha entregado la lista de beneficiados ni permitido visitas a centros de detención
Una delegación venezolana viajará a Washington para avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos
El anuncio coincide con la entrada en vigencia de la Licencia General 53 del Departamento del Tesoro, que autoriza operaciones bancarias y servicios para las nuevas misiones diplomáticas de Venezuela en territorio estadounidense
Trabajadores venezolanos marcharon por tercera vez en el año en reclamo de salarios dignos
Educadores, personal sanitario y empleados de la administración pública, entre otros sectores, exigieron un incremento urgente
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro volverá a comparecer este jueves en un tribunal de Nueva York
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas
15 ONGs venezolanas alertaron sobre el riesgo de profundizar el daño ambiental con la ley de minería
Según un comunicado difundido por Provea, “aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones”
