Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago disminuyó drásticamente la cantidad de permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos en 2025, al pasar de 4.275 aprobaciones el año previo a solo 757, según cifras oficiales.

La reducción representa una caída del 82% en comparación con 2024 y se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.

De acuerdo con los registros publicados por el ministerio, este año únicamente se han aprobado dos rondas de permisos para venezolanos reinscritos en el país. La primera tanda, de 480 autorizaciones, se entregó entre el 25 y el 28 de marzo, mientras que la segunda, de 277, se distribuyó entre el 9 y el 11 de junio. Ambos grupos de beneficiarios podrán trabajar legalmente hasta el 31 de diciembre de 2025.

En 2019, Trinidad y Tobago implementó un Marco de Registro de Migrantes que, en su momento, otorgó permisos de trabajo de un año a más de 16.000 venezolanos que buscaban regularizar su situación y acceder a oportunidades laborales formales. Desde entonces, miles de venezolanos han renovado estos permisos para poder subsistir en un entorno marcado por la migración forzada y las crisis políticas en la región.

Sin embargo, en los últimos años, la situación de los migrantes se ha vuelto especialmente vulnerable. Muchos de los venezolanos que permanecen en Trinidad y Tobago han denunciado explotación laboral, discriminación y riesgos de deportación. También se han registrado deportaciones de migrantes que incurrieron en delitos.

Las cifras de violencia reflejan este clima adverso: entre 2020 y agosto de 2025, al menos 55 ciudadanos venezolanos murieron en Trinidad y Tobago, incluidos diez casos en los que la víctima fue una mujer. Siete de estos asesinatos han sido catalogados como crímenes relacionados con el narcotráfico.

El endurecimiento de la política migratoria incluyó la difusión de un memorándum oficial sobre una inminente deportación masiva de inmigrantes indocumentados detenidos, a implementarse de inmediato.

La medida profundizó el debate sobre la presencia de migrantes venezolanos en el país. El abogado Criston J. Williams, que ha acompañado a solicitantes de asilo y trabajadores migrantes, alertó que la creciente presencia de personas indocumentadas podría significar un riesgo para la seguridad nacional.

“Tenemos que evaluar si, primero, existen narcoterroristas en nuestro país de los que no tenemos conocimiento, y segundo, si existe algún plan para socavar a las autoridades. Venezuela podría tener agentes infiltrados en nuestro país. Simplemente no lo sabemos”, aseguró Williams ante la prensa.

El contexto regional es cada vez más tenso. El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, rechazó el plan de deportaciones y sugirió que responde a una estrategia mayor para enviar mercenarios hacia Venezuela.

Las declaraciones se produjeron poco después de que el USS Gravely, un destructor de la Marina estadounidense, atracara en Puerto España. El evento agravó las tensiones diplomáticas, provocando que el dictador venezolano Nicolás Maduro responsabilizara a Estados Unidos de intentar involucrar a Trinidad y Tobago en un escenario de conflicto regional.

“No permitamos que Estados Unidos meta una guerra en el Caribe”, advirtió Maduro en un mensaje público dirigido a los ciudadanos de la isla.

A casi seis años de la puesta en marcha del sistema de permisos para migrantes, la situación legal y social de la comunidad venezolana en Trinidad y Tobago se complica ante las nuevas restricciones, la incertidumbre por las deportaciones y la creciente presión política y diplomática entre Caracas y Puerto España.

(Con información de EFE)