Hace cuatro días, el 3 de octubre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la vivienda en Caracas de Leonardo Domínguez “El Catire”, un activista defensor de los pueblos indígenas. El objetivo de los policías era someter a los indígenas yukpa que habían llegado a Caracas para reclamar por los derechos de sus comunidades y denunciar “los atropellos de los militares”, en una escalada de enfrentamiento que lleva mucho tiempo en la Sierra de Perijá.
Durante más de una década la Sierra de Perijá se han convertido en una zona álgida, porque los indígenas reclaman el derecho que dicen tener sobre esas tierras, pero, por otro lado, es un territorio con fuerte presencia de grupos irregulares relacionado al narcotráfico y es un territorio rico en yacimientos de carbón y de otros minerales como tungsteno y coltán.
La noche del 22 de agosto de 2025, indígenas enfrentan a militares que les estaban sacando 111 vacas de la comunidad Chaktapa, de la cuenca Yaza, en el piedemonte de la Sierra de Perijá. Los indígenas los acusaron de estarles robando las reses, señalaron a los guardias nacionales uniformados indicando que no era la primera vez que eso ocurría.
El 23 de agosto los indígenas yukpas denunciaron que el ganado robado estaba en el fundo Mara y con acompañamiento de funcionarios militares, lograron rescatar el ganado.
El allanamiento sin orden judicial a la vivienda de Leonardo Domínguez, para detener a dirigentes yukpa, la noche del 3 de octubre, lo realizaron más de 50 PNB, quienes obligaron a los líderes Yukpa a arrodillarse y luego, a la fuerza, introducirlos en un pequeño bus de la PNB, mientras 15 motorizados de la PNB escoltaban el vehículo.
Los funcionarios del régimen venezolano sabían de la presencia de los indígenas en Caracas, porque al Ministerio para los Pueblos Indígenas (Minpi) le habían informado que los yukpas de Perijá viajarían a la capital del país.
Las comunidades Yukpa han sufrido la manipulación de la revolución bolivariana, incluso desde el punto de vista religioso con la organización política ORA, que se identifica como partido político evangélico que apoya a Nicolás Maduro y tiene estrecha relación con el jefe de colectivo Nahum Fernández.
Yonel, líder indígena en la cuenca del río Yaza, denuncia el 12 de agosto de 2025 que militares les destruyeron la siembra de piña y se llevaron las plantas.
Una larga lucha
El reclamo de los indígenas ha sido constante y durante años, que los ha llevado a enfrentarse no solo con los militares que muchas veces les roban el ganado para dar de comer a los soldados en los cuarteles de la zona, sino también con terratenientes, cuyo enfrentamiento se agudizó con el asesinato, a manos de sicarios, del cacique Sabino Romero Izarra.
Al líder lo asesinaron el 3 marzo de 2013; su esposa Lucía Martínez y su bebé quedaron heridos y sobrevivieron, mientras que militares intentaron horas después detener al hijo de Sabino que tiene igual nombre, lo que fue impedido por la comunidad indígena. Romero fue asesinado porque se oponía a la repartición de tierras que dispuso el entonces gobierno de Venezuela.
La promesa de dar con los responsables apenas se cumplió, porque los autores intelectuales del asesinato quedaron protegidos por la impunidad, mientras que los responsables materiales, funcionarios de Polimachiques y el GAES, pactaron rebajas de sus penas a cambio de admisión de culpa en el juicio.
El entonces ministro del Interior y Justicia era el general (GNB) Néstor Luis Reverol Torres; el gobernador del Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, a quien Nicolás Maduro hace unos días ascendió a general. A la muerte de Romero Izarra en el 2013 se suma que anteriormente asesinaron a su padre José Manuel Romero, así como a otros ocho líderes indígenas. En junio 2017 fue detenido en Caracas, Samuel Romero, hijo del cacique Sabino Romero Izarra.
El régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez ha usado a los indígenas como piezas electorales, para la propaganda, pero la resistencia de los yukpas a reclamar sus tierras los ha colocado en la mira de los cuerpos policiales y represivos. A las líneas de transporte les prohíben venderles boletos y en los puestos de control o alcabalas les restringen el paso.
Pero también es cierto que “la reacción de habitantes de la frontera contra los yukpas la causa muchas veces el cierre de las vías por parte de los indígenas quienes piden 100 dólares para permitir el paso o incluso roban a quienes transitan, porque han llegado a colocar por lo menos diez alcabalas en la Troncal 6 en la Villa del Rosario, entre Machiques y Maracaibo”, le dice a Infobae Josefa Camacho, habitante de la zona.
Contra defensor de los indígenas
En mayo 2024, varios medios de propaganda oficialistas acusaron a Lusbi Portillo de organizar y financiar actos violentos realizados por el pueblo Yukpa en Perijá, Zulia. En 2009, el entonces ministro del interior, Tarek El Aissami, acusó a Portillo de las mismas acusaciones sin prueba alguna. En el 2021, el ex gobernador Omar Prieto (PSUV) lo acusó de “trabajar para la CIA”.
El periodista Eligio Rojas, del oficialista Últimas Noticias, dijo que “informes de organismos de inteligencia” señalaban a Portillo como organizador y planificador de hechos violentos con “el pretexto de una lucha por los derechos de los pueblos indígenas”, a la vez que lo señalaba de estar financiado por la USAID y permitir que “sea utilizado para el narcotráfico y el contrabando de extracción”.
Lusbi Portillo, un antropólogo y coordinador de la organización Sociedad Homo et Natura, que durante décadas ha estado en defensa de los pueblos indígenas, especialmente los yukpas, bari y japreria, y la preservación de los bosques, suelos y ríos en la cuenca interior del Lago de Maracaibo
Portillo dictó la cátedra Culturas Indígenas, desde que, en el 2009, arrancó la Licenciatura de Antropología en la Universidad del Zulia (LUZ), hasta su jubilación hace unos años. Egresado de la Maestría en Antropología de LUZ y Licenciado en Filosofía, fue profesor del Departamento de Ciencias Humanas de LUZ la Universidad del Zulia, donde estuvo activo durante 36 años.
Desde mayo de 1985 acompaña a los indígenas Barí, Yukpa, Japreria y Wayúu en la defensa de sus territorios, desde que un grupo de indígenas Barí solicitaron apoyo de LUZ, luego de una visita a la Universidad, y así un equipo de profesores, entre ellos Lusbi Portillo, visitan la Sierra de Perijá para verificar el despojo de las tierras a las que estaban siendo sometidos los indígenas.
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