La dictadura de Maduro secuestró a cuatro miembros de una familia venezolana, incluida una niña de 2 años

Una organización de derechos humanos denunció este sábado la detención arbitraria y desaparición forzada de cuatro miembros de una familia venezolana, incluida una niña de apenas 2 años, en hechos ocurridos entre el 4 y 5 de septiembre en el estado Carabobo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) informó que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron sin orden judicial a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años, el pasado 4 de septiembre en su vivienda ubicada en Paso Real.

Al día siguiente, según el comunicado de la organización, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal Niulany Guillén, de 21 años, para que se presentara en la sede de la PNB en La Esmeralda. La joven acudió acompañada de su hija Nicole de Los Ángeles Palermo, de 2 años, y ambas quedaron igualmente detenidas sin justificación.

Desde entonces, las autoridades niegan información sobre el paradero de los cuatro familiares, impidiendo toda comunicación con ellos y negando datos oficiales sobre el lugar de detención o su estado de salud, según denunció CLIPPVE.

La organización calificó los hechos como una “desaparición forzada” y señaló que constituye una violación “aberrante” que evidencia “la práctica sistemática de represalias contra familiares”, método conocido como Sippenhaft que busca “sembrar miedo en la sociedad”.

El líder opositor Edmundo González Urrutia condenó los hechos a través de la red social X, donde escribió: “Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas 2 años. Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie”.

En un comunicado, el partido Vente Venezuela de González Urrutia y la líder opositora Corina Machado responsabilizó directamente al fiscal general impuesto por el régimen, Tarek William Saab, así como al número dos del régimen Diosdado Cabello y al dictador Nicolás Maduro, por cualquier daño que pueda ocurrirles a los miembros de la familia Guillén.

CLIPPVE exigió al Estado venezolano informar de manera inmediata el paradero de los cuatro familiares, garantizar su vida e integridad física, permitir acceso a familiares y abogados, y proceder a su liberación inmediata e incondicional.

La organización recordó que “la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado”.

El comunicado hizo un llamado específico a la comunidad internacional y a organismos de Naciones Unidas, “muy especialmente a UNICEF”, para que documenten y se pronuncien sobre el caso, con el fin de “resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia”.

CLIPPVE concluyó su denuncia afirmando que “la vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17, no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional”.

El caso del yerno de Edmundo González

Este caso se suma a la situación de otros familiares de opositores que permanecen detenidos. Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, reveló este sábado que no ha tenido “comunicación alguna” durante “casi ocho meses” con su esposo Rafael Tudares, detenido desde el 7 de enero pasado.

En una carta dirigida a los custodios de su pareja, González pidió que le hagan llegar un mensaje de apoyo, asegurando que ella y sus hijos “están fuertes” y “no se han rendido”. Señaló que cada semana acude ante las autoridades en busca de noticias, aunque “nunca llegan”.

Tudares enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”, según informó su esposa en junio pasado.

La crisis política en Venezuela se agravó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando la oposición denunció fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto. González Urrutia se exilió en España en septiembre y desde allí reclama la presidencia del país suramericano.

Las denuncias de detenciones arbitrarias ocurren mientras se incrementan las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. El viernes, Maduro pidió diálogo con Washington horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con derribar aviones militares venezolanos si representan un peligro para las fuerzas estadounidenses. Las tensiones escalaron tras el ataque mortal de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente venezolana vinculada al narcotráfico, que dejó 11 muertos el martes pasado. Washington ha desplegado aviones de combate F-35 en Puerto Rico como parte de la presión sobre Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de drogas.