Familiares de presos políticos marcharon en Venezuela para exigir que se investiguen “tratos crueles e inhumanos” a detenidos

Un grupo de familiares de políticos, activistas y otros presos políticos en Venezuela, en su mayoría en el contexto de la crisis nacional tras el fraude de Nicolás Maduro en los comicios de julio de 2024, exigió este viernes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) investigar los “tratos crueles e inhumanos” de los que, aseguran, han sido víctimas tanto ellos como sus allegados.

En la quinta y última jornada consecutiva de la llamada ‘Ruta por la Justicia y la Libertad’, durante la que visitaron distintas instituciones del Estado esta semana, los manifestantes exigieron frente a la sede del MP, en Caracas, la “investigación imparcial de abusos, torturas, muertes bajo custodia y persecución política”, así como la “revisión de casos de presos políticos”.

Andreína Baduel, hija del militar y ex ministro de Defensa Raúl Baduel -que murió en prisión en 2021, tras 12 años detenido-, aseguró que aún “no hay respuestas oportunas” por el fallecimiento de su padre, y denunció que su hermano Josnars Adolfo Baduel, arrestado en 2020, sufre un “aislamiento prolongado”, por lo que tiene más de un mes sin saber “absolutamente nada de él”.

“Reiteramos el patrón de persecución, de tortura y de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, dijo la activista, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), ONG que coordinó esta ruta.

También exigieron a la Fiscalía la “libertad plena e inmediata de los presos políticos, civiles y militares”, permitir visitas en los centros de reclusión y sin restricciones, la entrega de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, garantizar una atención médica “oportuna y especializada” y cesar los “traslados arbitrarios”.

Además, pidieron revisar los casos de los detenidos, entre ellos, los de “todos los presos políticos que están abandonados en muchos comandos policiales” y “en condiciones infrahumanas”, señaló Sairam Rivas, pareja del ex concejal de Caracas Jesús Armas, detenido el pasado 10 de diciembre.

Esta activista hizo un llamado a los fiscales, defensores públicos y jueces a garantizar los derechos de los detenidos y a que “no se sigan prestando para este horror, para esta injusticia”.

“En Venezuela se aísla de forma prolongada a los presos políticos. En el Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, en Caracas) hay 23 presos políticos en aislamiento prolongado”, afirmó Rivas, quien también dijo que exigieron la creación de una mesa de diálogo con la Fiscalía.

Tras las declaraciones, los manifestantes se acercaron al MP a soltar globos blancos con nombres de algunos de los 1.060 detenidos que la ONG Foro Penal califica como presos políticos, entre los cuales hay cuatro adolescentes, según el último balance, difundido el jueves.

También corearon consignas y portaban pancartas con mensajes que incluían llamados al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a interceder por estas personas.

Según varias ONG, la mayoría de estos presos fueron detenidos en el contexto de crisis desatada tras las presidenciales del año pasado, a raíz de la proclamación de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro por parte del organismo electoral -controlado por rectores afines al chavismo- y la denuncia de fraude hecha por la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

El opositor exiliado Edmundo González Urrutia también hizo este viernes un llamado a apoyar a los familiares de los presos políticos en Venezuela, entre los que se encuentra su yerno, Rafael Tudares, detenido desde el 7 de enero.

“Las familias de los presos políticos, desaparecidos, secuestrados por razones políticas, sufrimos un calvario. El grupo que se ha conocido y organizado en torno al dolor y la angustia está haciendo un trabajo invaluable para sensibilizar sobre la situación de sus familiares, y también ha hecho propuestas viables de las que se esperan respuestas”, expresó en la red social X el líder opositor en el exilio desde septiembre del año pasado.

El jueves, el yerno de González Urrutia cumplió 50 días detenido, según la esposa de Tudares, Mariana González, quien denunció que aún se desconoce su paradero.

La principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- dijo el lunes que Tudares fue presentado en una audiencia preliminar que calificó de “fraudulenta”, por considerar que se violó su derecho a la defensa.

(Con información de EFE)