La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado este miércoles reiterando su enérgica condena al asedio y hostigamiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad venezolanas en torno a la Residencia Oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. En dicho lugar, donde seis ciudadanos venezolanos permanecen asilados desde el 27 de marzo de 2024, el chavismo instaló un francotirador.
El organismo calificó la situación como una “flagrante violación” de las garantías de seguridad y protección que deben otorgarse a los asilados, conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Según el comunicado, el cerco incluye “la presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados”.
La OEA subrayó la importancia del otorgamiento inmediato de salvoconductos para los asilados, como un imperativo que Venezuela debe cumplir. “La negativa a conceder estos salvoconductos no solo agrava la situación de los asilados, sino que también constituye una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela”, destacó la organización.
Además, la Secretaría General denunció que “despliegue de fuerzas represivas con armamento de asalto en torno a la Embajada de Argentina y el acoso en general al que está siendo sometida la sede diplomática revela las peores aberraciones del régimen y atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos. Este tipo de acciones, señaló, son una muestra de “las peores aberraciones del régimen”.
En su mensaje, la OEA hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para solidarizarse con los asilados y exigir el respeto a sus derechos y garantías. Reafirmó asimismo su compromiso con la protección de los derechos humanos, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático.
La situación en la Embajada de Argentina en Caracas ha generado preocupación sobre la estabilidad y seguridad en la región, advirtió la organización, reiterando que el cumplimiento de los principios esenciales del derecho internacional es fundamental para la paz en América Latina.
Ayer, Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir “la concesión inmediata” de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.
La declaración, que ha sido presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Florentín expuso el texto de la resolución después de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, quien pidió a la organización que llevara a cabo una actuación “con firmeza y determinación”.
“Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo leyendo el comunicado, “que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro”.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con “la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y el “derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere”.
La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto pasado, bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
(Con información de EFE)
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