En Venezuela hay 1.916 detenidos por “motivos políticos”, 11 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.905 personas privadas de libertad por las mismas razones, según información de la ONG Foro Penal difundida este miércoles.
A través de X, la organización detalló que, del total de detenidos, 1.676 son hombres y 240 mujeres, de los cuales 1.846 son adultos y 70 adolescentes entre 14 y 17 años.
La ONG precisó que, del total de las aprehensiones, 1.784 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de “fraude” de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo, frente al resultado oficial, que dio la reelección a Nicolás Maduro.
La crisis poselectoral desató protestas que causaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2.400 detenidos, una cifra que supera considerablemente la de Foro Penal.
La organización explicó que sus cifras son distintas a las de las autoridades porque desde la organización solo contabilizan detenciones que califiquen como “arbitrarias”, cuando —afirmó— “no hay elementos de culpabilidad” sobre la persona apresada.
El régimen de Nicolás Maduro responsabiliza a los manifestantes —a quienes vincula con la PUD— de generar “violencia” y “vandalismo” en varias sedes públicas, mientras que el bloque antichavista acusa de “represión” a los agentes de seguridad del Estado en las protestas.
Desde 2014, Foro Penal ha registrado casi 18.000 “detenciones políticas”, de los que 14.000, hoy excarcelados, fueron asistidos “gratuitamente” por la ONG.
Condena a Venezuela por detención arbitraria
El pasado 4 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Venezuela por la detención arbitraria e ilegal, así como por violar las garantías judiciales del general de Brigada retirado del ejército de ese país, Ovidio Jesús Poggioli Pérez.
La CorteIDH indicó en la sentencia comunicada a las partes, que Venezuela es responsable internacional por la violación a los derechos a la libertad personal, integridad personal, a la honra, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Poggioli luego de su detención ilegal y arbitraria, así como a las vulneraciones al debido proceso de las cuales fue víctima en el marco de dos procesos ante la jurisdicción penal militar.
“La Corte determinó que la detención del señor Poggioli por la Dirección de Inteligencia Militar fue ilegal al no contar con una orden judicial ni presentarse una situación de flagrancia y que se vulneró su derecho a ser informado de las razones de su detención no informarle el motivo de la detención”, expresa la sentencia.
Los hechos del caso se desarrollaron en el contexto de la movilización social en Venezuela entre diciembre de 2001 y abril de 2002, cuando el 19 de abril de 2002 el Ministerio de Defensa ordenó la apertura de un proceso en la jurisdicción militar contra Poggioli por la presunta comisión de delitos de naturaleza penal militar sin especificar los cargos.
La defensa de Poggioli presentó una acción de amparo constitucional solicitando la nulidad del proceso penal, la cual fue admitida por la Sala Constitucional, que suspendió el caso en 2002.
(Con información de EFE)
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