La ONG venezolana Foro Penal denunció este viernes el traslado clandestino de los detenidos durante las protestas en el estado insular de Nueva Esparta contra el fraude electoral perpetrado por la dictadura chavista, sin que sus familiares conozcan el destino final de los arrestados.
La organización calificó esta situación como una “violación” de la Constitución venezolana y de los derechos fundamentales de los detenidos.
“Familiares desconocen el lugar dónde los llevan (a los detenidos). Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita. Recordamos que las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladar, están incurriendo en violación (...) de la Constitución”, señaló el Foro Penal en un comunicado publicado en su cuenta de X.
También denunció que a los detenidos se les ha impedido designar como defensores a abogados de su confianza, lo que constituye otra violación grave a sus derechos.
“En la mayoría de los casos de detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, añadió la ONG.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin presentar prueba alguna, se han registrado fuertes protestas en todo el país. La principal coalición opositora y buena parte de la comunidad internacional han denunciado que estos comicios fueron fraudulentos.
El bloque antichavista asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo según el “83,5 % de las actas electorales” que dicen haber reunido a través de testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales, documentos que el régimen tacha de “falsos”.
Según el Foro Penal, 1.780 personas han sido detenidas en relación con las protestas, de las cuales 1.550 son hombres y 230 mujeres.
Entretanto, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVAL) confirmó el traslado de 29 detenidos en estado Apure al penal de Tocorón, en el Occidente de Venezuela, acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio.
De acuerdo con los testimonios de los familiares de los detenidos a medios de comunicación locales, aproximadamente a la 1:00 am de este viernes 30 de agosto, las 29 personas acusadas de terrorismo e incitación al odio luego de participar en las protestas postelectorales fueron trasladadas a dicha cárcel.
Además, manifestaron su preocupación y desesperación ante la falta de información y el secretismo que rodea el traslado de sus seres queridos. Según los testimonios recogidos, los manifestantes fueron recluidos en distintos centros de detención preventiva en cinco municipios del estado Apure antes de ser llevados a Tocorón.
El Foro Penal advirtió que las acciones del régimen de Maduro violan directamente el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los familiares deben ser informados sobre la ubicación de los detenidos. Además, la ONG recordó que la falta de acceso a una defensa legal adecuada contraviene el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal.
La represión en Venezuela ha sido severamente criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha denunciado el uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado durante las protestas.
Hasta la fecha, las cifras oficiales indican que más de 2.400 personas han sido detenidas y 25 han muerto en el marco de estas manifestaciones. La dictadura chavista ha culpado a la oposición por las muertes, mientras que los opositores y organizaciones de derechos humanos acusan al régimen de llevar a cabo una brutal campaña de represión.
(Con información de EFE)
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