El ex diputado venezolano Walter Márquez, director de la ONG Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), denunció en redes sociales que este jueves al mediodía fue allanada la vivienda donde se alojó la dirigente opositora María Corina Machado durante su visita el 27 y 28 de junio al estado de Táchira como parte de la campaña por las próximas elecciones presidenciales.
“Continúa el crimen de persecución política contra sectores vinculados a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia”, expresó Márquez, haciendo alusión también al candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El activista defensor de los derechos humanos informó que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron tanto a la residencia mencionada como a los galpones industriales pertenecientes a la misma familia.
Y el abogado Omar Mora Tosta añadió en una publicación en X (antes Twitter) que el empresario Ricardo Albacete Vidal, propietario de la vivienda allanada, fue detenido arbitrariamente el jueves por la tarde en Caracas y que aún no hay información sobre su paradero.
El martes pasado, Walter Márquez había reportado que sujetos encapuchados y con armas de fuego entraron en la casa donde se hospedó Machado cuando estuvo de visita en Palmira, estado Táchira.
Márquez aseguró este jueves que Ciciven y la Fundación El Amparo seguirán investigando el caso para transmitirlo de manera urgente a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal lnternacional (CPI), y a la Organización de Estados Americanos (OEA). “Maduro está incumpliendo el compromiso asumido el pasado 24 de abril con el fiscal Karim Khan de garantizar los derechos electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales”, puntualizó.
Pedido de la Iglesia
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este jueves que cese la “persecución y el hostigamiento” a quienes facilitan instrumentos para las concentraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, así como que se garantice la libertad de movimiento de los candidatos.
“Es necesario para la paz ciudadana, que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones diversas a la opción gubernamental”, señaló la CEV en un comunicado publicado en su página web. Agregó que este es un proceso electoral “atípico, en el que no hay igualdad de oportunidades para todos”.
La CEV sostuvo que a los ciudadanos se les presenta una nueva oportunidad para tomar decisiones a través del voto “consciente y libre” que produzca una “reforma profunda de la democracia, de la sociedad civil y de la calidad de vida”. Y apuntó: “El voto asume así una importancia vital en la realidad actual que vivimos; solo venciendo el abstencionismo y la apatía política, podremos avanzar en la reconstrucción del país”.
El candidato presidencial de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, comenzó el miércoles a viajar con su propia comida hacia los actos de campaña para evitar nuevos cierres de establecimientos, luego de que el régimen sancionase a un restaurante que lo atendió el domingo pasado en Cojedes (centro).
“Me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo, que cerraron el restaurante (...) por habernos atendido, amablemente como lo hicieron”, expresó el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor alianza antichavista.
Este caso -recordó- “se suma a otros que demuestran el irrespeto del poder a los venezolanos”, en alusión a otros 16 establecimientos que -según la oposición venezolana- fueron cerrados o inspeccionados en las últimas semanas por el régimen chavista, luego de recibir a González Urrutia o a María Corina Machado.
Entre los sancionados, se cuentan hoteles y restaurantes, además de trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores, quienes, en algunos casos, sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, alegando la falta de documentación o registros.
(Con información de EFE)
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