
Este martes concluyó el plazo para la inscripción de votantes en Venezuela, marcando el fin de un periodo de 28 días caracterizado por múltiples quejas sobre demoras en la apertura de registros en el extranjero, previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Sin pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la finalización, el calendario electoral preveía la admisión de nuevos electores o la actualización de datos de los ya registrados hasta el 16 de abril.
En una extensión de horario no prevista, las oficinas de inscripción cerraron sus puertas pasadas las 17.00 hora local (21.00 GMT) este martes, en respuesta a la alta afluencia de ciudadanos, particularmente jóvenes que buscan ejercer su derecho al voto por primera vez en los comicios de julio, donde el dictador caribeño, Nicolás Maduro, se postula para una segunda reelección.

El alcalde de Baruta, en Caracas, Darwin González, anunció que el registro electoral en su municipio permaneció activo hasta la medianoche. A través de la red social X, difundió imágenes de decenas de individuos aguardando en la noche para realizar sus trámites electorales.
A lo largo del día, diversos candidatos de la oposición, entre los 12 que buscan desplazar a Maduro del poder, instaron al CNE a prolongar el proceso de inscripción por varios días más, petición que no ha sido respondida públicamente por el organismo electoral, que es controlado por el chavismo.

Asimismo, venezolanos residentes en el extranjero compartieron en redes sociales fotografías de largas colas en consulados de países como España y Argentina, evidenciando la participación de la diáspora en el proceso electoral.
“De verdad que no entiendo por qué nos ponen tanta traba en el camino para nosotros ejercer nuestro voto”, expresó Giovanny Tovar, quien salió de Venezuela hace cinco años en busca de empleo.
“Y de verdad que yo quisiera votar, pero para no darle el voto a Maduro”, agregó.

Se calcula que más de la mitad de los cerca de 7,7 millones de venezolanos que abandonaron su país durante la compleja crisis que ha caracterizado a los 11 años de de Maduro en el poder están registrados para votar en Venezuela. Pero de todos los venezolanos dispersos por el mundo, incluidos aquellos que emigraron antes de la crisis, las cifras oficiales muestran que apenas 107.000 están registrados para votar fuera del país.
El requisito de residencia es suficiente para reducir significativamente el número de personas que pueden registrarse, ya que la mayoría de los migrantes carecen de estatus legal. Durante el periodo de registro de este año, incluso quienes tenían residencia temporal en los países que los recibieron, fueron rechazados por funcionarios consulares debido a que las misiones diplomáticas exigen pruebas de estatus permanente.

“Documentos de Residencia Permanente emitidos por el país de acogida” deben demostrar la “vigencia del documento... de por lo menos 3 años a la fecha actual” y “deben haberse expedido con 1 año de antelación mínimo”, de acuerdo con un folleto colocado fuera del consulado venezolano en Bogotá. Sin embargo, la ley electoral de Venezuela únicamente establece que los interesados “posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.
Para complicarle todavía más el asunto a algunos interesados en votar, existe el requisito de tener pasaporte venezolano, cuyo costo es excesivo y actualmente tarda de semanas a meses en procesarse.
Cálculos oficiales indican que unos 36.000 de los 107.000 venezolanos que están registrados correctamente para votar en el extranjero viven en Estados Unidos. Ahí se enfrentan a un obstáculo infranqueable: los consulados en donde comúnmente irían a votar están cerrados debido a que Venezuela y Estados Unidos cortaron lazos diplomáticos después de la reelección de Maduro en 2018.
Entretanto, representantes del CNE sostuvieron un encuentro con delegados del Centro Carter, quienes enviaron una misión exploratoria para discutir una posible supervisión internacional de la votación.
Por otro lado, integrantes de la Misión Exploratoria de la Unión Europea, que se encuentran en Venezuela desde el 7 de abril, se reunieron con los rectores electorales para evaluar el envío de una misión de observación a los comicios, decisión que aún pende de un hilo.
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