
Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la detención de una activista de derechos humanos en Venezuela, afirmó este martes un portavoz de la Casa Blanca, advirtiendo que la administración del presidente Joe Biden está observando la situación “muy de cerca”.
“Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a los periodistas en la Casa Blanca.
Advirtió que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, “necesita cumplir los compromisos que asumió sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición”.
La activista y experta en temas militares Rocío San Miguel, detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.

Saab afirmó que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra terrorismo que lleva el caso “privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros”.
La defensa de San Miguel denunció más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares: su hija, dos hermanos, su padre y su ex esposo sufrieron “desaparición forzada”.
Esto es “un patrón claro de desaparición forzada”, dijo Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de la activista detenida el 9 de febrero en el área de migración del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas.
La Fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, ex pareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
Saab indicó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis “ciudadanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco”.
El fiscal no precisó si entre las seis personas presentadas en tribunales están los familiares de San Miguel.

El régimen describió a “Brazalete blanco” como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Nicolás Maduro.
Saab dijo que además de la privativa de libertad contra San Miguel y su ex esposo, el Ministerio Público solicitará “medidas cautelares” con presentaciones periódicas para otras cuatro personas.
Se trata de una “detención que se está extendiendo a su grupo familiar, a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente a Rocío San Miguel. Esto es terrible”, dijo González Taguaruco sobre los arrestos de parientes de la activista con doble nacionalidad, venezolana y española.
El régimen venezolano suele denunciar planes conspirativos contra Maduro. Sólo en 2023 asevera que neutralizó cinco “conspiraciones”, en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
Ya en 2014 San Miguel había sido señalada por el propio Maduro, que buscará en 2024 su tercera reelección, de estar involucrada en “un alzamiento militar”.
“Esa impugnación nos parece absurda y sin fundamento”, zanjó González Taguaruco.
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