El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció 20 ataques e incidentes de seguridad durante abril en Venezuela. “Continúan las restricciones al espacio cívico y democrático. En este contexto, se siguen produciendo vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos”, manifestó la ONG en su más reciente informe.
“Tras los avances legislativos en torno a normativas para controlar y regular a las organizaciones de la sociedad civil, los actos de intimidación y hostigamiento en contra de quienes defienden derechos humanos han aumentado. Asimismo, las amenazas han sido constantes desde inicios de año. Los hechos registrados en el mes evidencian que los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela son cada vez mayores”, enfatizó.
Luego indicó que las situaciones documentadas durante el mes pasado permiten demostrar que la política de criminalización en Venezuela “es sistemática”.
Respecto a la caracterización de los ataques, el reporte subrayó que hubo 10 actos de estigmatización, nueve de intimidación y hostigamiento, y una amenaza.
“Persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas como parte de la respuesta represiva del Estado”, manifestó el Centro para los Defensores y la Justicia; al tiempo que agregó: “Los avances de instrumentos normativos para obstaculizar la defensa y exigencia de derechos han aumentado los niveles de riesgo para quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos”.
El informe recogió también que, en la medida en la que las organizaciones de la sociedad civil y en particular las de derechos humanos se articulan para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder, y exigir la rendición de cuentas; “el entorno para el ejercicio de su labor cada vez se hace más hostil, adverso y restrictivo, en tanto el Estado continúa cercenando el espacio cívico y democrático”.
“Durante el período se siguieron evidenciando los principales patrones de ataque registrados por el CDJ (Centro para los Defensores y la Justicia). La estigmatización se mantiene como la principal modalidad de ataque, seguida de los actos de intimidación y hostigamiento, los cuales van aumentando; y por último las amenazas que no han cesado desde el inicio de año”, detalló el reporte.
Y destacó: “Preocupa que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco, las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado”.
Además, la organización expresó su preocupación por el “afianzamiento de la criminalización, la represión y el control social como política de Estado. Reiteramos que es necesario garantizar la protección las personas defensoras de derechos y construir un entorno propicio para que estas puedan realizar su labor de manera segura y sin temor represalias”.
Por último, reiteraron la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos en el país.
El informe completo
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