La ONG Acceso a la Justicia denunció este miércoles que el régimen chavista busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela a través de la ley de regulación y fiscalización de organizaciones no gubernamentales, aprobada en primera instancia a la espera de una segunda discusión.
En una nota de prensa, la ONG aseguró que la ley, promovida por la contundente mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), “afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro existentes, sean estas de hecho o de derecho”.
“Atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios”, señala el escrito.
Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, “no solo serán afectadas por el texto organizaciones (que defienden derechos humanos), sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto”.
En este sentido, la ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas “serán consideradas organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro (previsto en la ley), pues de lo contrario no podrán funcionar”.
Esto, prosigue la nota, significa que todas estas organizaciones deberán cumplir “la avalancha de trámites” que contempla el proyecto legal, pues, de lo contrario, podrían ser objeto de multas de hasta 12.000 dólares.
“La amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada en Venezuela y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno”, añade la ONG.
El chavismo ha reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la llamada revolución bolivariana, por ello busca establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben.
Por su parte, la semana pasada la Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, advirtió que el proyecto de ley pondrá “en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia” a los venezolanos.
“Exhortamos a todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad. Su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos”, dijo el grupo en un comunicado.
A su juicio, esta norma busca “criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.
Además, apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros, necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales, que se encuentran paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha.
El escrito fue firmado por el Colegio Nacional de Periodistas, el Comité por una Radiotelevisión Pública, el Centro de Derechos Humanos y la Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Expresión Libre, SER Comunicación e Investigación, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad, y Un Mundo Sin Mordaza.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un “amplio proceso consultivo” sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.
(Con información de EFE)
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