Siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN del caso del asesino serial de Jujuy: le extendieron la preventiva

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, seguirá preso en el penal de Gorriti, donde permanece aislado de la población carcelaria. Así lo decidió la Justicia al ampliarle la prisión preventiva para poder continuar con la investigación: será por cuatro meses más. En ese contexto, los investigadores, encabezados por el fiscal Guillermo Beller, aún siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

Jurado, que fue detenido el 30 de julio de este año, está, por ahora, imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

El ADN de esas cinco víctimas hallado en la casa del detenido es la clave del plexo probatorio contra Jurado en un futuro juicio. Todos pensaron que podía llegarse a pedir la elevación de la causa a debate antes del 4 de diciembre pasado, cuando vencía la preventiva, pero no fue así y por eso debieron solicitar una prórroga del periodo de detención del sospechoso: la causa es compleja.

Es que los investigadores no quieren dejar nada librado al azar y el obstáculo que enfrentan desde noviembre pasado, al menos, es no poder identificar dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado.

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. Pero no hubo suerte hasta el momento.

“Estamos tomando muestras genéticas de parientes con personas desaparecidas de similares características a las víctimas y en ese lapso de tiempo en que ocurrieron los crímenes”, explicaron.

Pese a las pruebas, Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar, mientras sigue alojado en el penal de Gorriti, aislado y controlado con cámaras de seguridad.

En tanto, la segunda y última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta concluyó, nuevamente, que es plenamente responsable de sus actos: comprende la criminalidad de sus acciones y tiene capacidad para dirigir su conducta, lo que descarta la inimputabilidad.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

Hay que recordar que el sobrino de Jurado, y quien compartía la vivienda con el sospechoso al momento de los hechos que le endilgan, es una pieza clave del expediente: fue quien contó a las autoridades lo que sucedía en la casa del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy donde hallaron los restos de las cinco víctimas y los dos perfiles de ADN que no se han podido identificar hasta el momento.

Modus operandi

• Los investigadores lograron armar un patrón en cómo Jurado operaba:
• Los viernes se acercaba a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.
• Luego, persuadía a las víctimas para que lo acompañen hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
• Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.
• En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otras partes se descartaban en basurales de la zona.

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”. Incluso, ya contaba con antecedentes penales: fue encarcelado por primera vez a los 17 años, posteriormente en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de prisión, aunque recuperó la libertad condicional en 2020.