
La instancia paritaria entre la provincia de Buenos Aires y los gremios de la administración pública bonaerense atraviesa un terreno inédito desde que Axel Kicillof es gobernador. Los distintos representantes sectoriales vienen rechazando el ofrecimiento de un 3% de aumento salarial propuesto por el gobierno en el marco de la negociación. El Ejecutivo, en los últimos días, recordó que la gestión de Javier Milei adeuda al gobierno bonaerense $22,2 billones en diferentes conceptos y, en este contexto, para apuntalar la caja provincial, uno de los gremios propuso la creación de nuevos impuestos y el aumento de otros ya vigentes.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó formalmente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, el pedido de una nueva convocatoria urgente para avanzar en la paritaria, estancada para febrero después de que la mayoría de los gremios consideraron insuficiente el ofrecimiento del 3%. En el petitorio para retomar las negociaciones, la entidad que lidera Claudio Arévalo incluyó propuestas específicas.
“Aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro de barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros”, es parte de la propuesta que ATE le hizo al Ejecutivo provincial.

La estrategia impositiva desplegada por los estatales se da planteando que la provincia de Buenos Aires transita una “asfixia” financiera de parte del gobierno nacional. ATE responsabiliza a Javier Milei de la situación y le recuerda a Kicillof que “deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”.
“Hace más de dos años venimos atravesando un modelo de ajuste brutal implementado por el Gobierno de Javier Milei en Argentina, provocando una constante caída del poder adquisitivo. Desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026 los trabajadores vieron incrementada su canasta de servicios públicos en el AMBA en un 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%”, enfatizó la entidad de los estatales.
Discursivamente, hay coincidencia con el Ejecutivo bonaerense. De hecho, en los últimos días y en medio de la negociación paritaria, el gobierno de Kicillof actualizó el monto de fondos que dejó de percibir de parte la Nación, desde diciembre del 2023 a esta parte. La suma total asciende a $22,2 billones.
Fue el ministro de Economía, Pablo López, el que expuso el detalle. Según el funcionario, los $22,2 billones se desglosan principalmente en:
- $8,7 billones por obras públicas comprometidas por Nación y nunca finalizadas o paralizadas.
- $3,8 billones en deudas directas por fondos establecidos por ley, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), transferencias previsionales y el Fondo de Incentivo Docente (FONID), entre otros.
- $3,1 billones adicionales por la discontinuidad de programas nacionales.
El resto corresponde al efecto indirecto de la menor actividad económica y caída de la recaudación propia provincial.

Para graficar la magnitud de la cifra, López comparó que equivale aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública de la provincia, a la mitad del presupuesto anual total de la administración bonaerense, o a más de un año completo de ingresos propios. En términos concretos, representaría la construcción de más de 15.000 kilómetros de rutas.
En paralelo, el Ejecutivo bonaerense busca cerrar la paritaria. Mantiene el diálogo informal con los gremios y busca bajar algún nivel de conflictividad que pueda aparecer en el medio. Es que pese al acuerdo político que tiene con las principales centrales obreras como la CGT y las dos CTA, algunos genios ya anunciaron medidas de fuerza para los próximos días.
Los docentes no iniciarán en tiempo y forma las clases. Los judiciales también consideraron insuficiente el ofrecimiento del 3% y le dieron mandato a la conducción para llevar adelante una medida de fuerza a la que podrían sumarse los propios estatales. Por su parte, UPCN, aguardará los pasos a seguir. Sin embargo, su secretario gremial, Juan Pablo Martín Oyarzabal planteó días atrás que “las medidas de fuerza siempre están como opción”. Aunque no descartó un paro y reconoció que “es una posibilidad, como siempre está la carta en el mazo”, insistió en que el gremio apuesta por el diálogo y busca alcanzar un acuerdo salarial y un aumento para los trabajadores; reivindicando que es mejor dialogar con un gobierno peronista.
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