Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.
A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.
Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.
En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.
Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.
Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.
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