La defensa de Pablo Grillo, el fotoperiodista gravemente herido por un disparo que realizó un gendarme durante la protesta del 12 de marzo en el Congreso, reveló detalles del informe realizado por Gendarmería Nacional. Según la información dada a conocer por los representantes legales del reportero gráfico, el cierre del expediente administrativo sobre el hecho se produjo en plazos inusualmente breves. La defensa sostuvo que el procedimiento concluyó sin un análisis exhaustivo de responsabilidades por parte de la fuerza, lo que a su entender benefició al cabo Héctor Guerrero, involucrado en el disparo.
Además, cuestionaron el contenido del expediente administrativo, al que accedieron en las últimas horas luego de que el documento se incorporara a la causa judicial que investiga los hechos de aquella jornada. En declaraciones a NA, Claudia Cesaroni, una de las abogadas de Grillo e integrante de Liga Argentina por los Derechos Humanos, alertó que en el informe se atribuye el disparo a un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse “en la línea de tiro”.
El incidente ocurrió en los alrededores del Congreso de la Nación en marzo, cuando Grillo efectuaba su labor periodística en medio de una cobertura callejera. El fotógrafo recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno que le provocó lesiones de en la región facial y ocular que lo dejaron al borde de la muerte.
El informe elaborado por Gendarmería Nacional fue sumado al expediente judicial y, según la defensa de Grillo, el procedimiento interno evitó profundizar en las circunstancias precisas que originaron el disparo. Los abogados del fotógrafo alertaron por la rapidez con la que se resolvió cerrar el expediente, un proceso que consideran inusualmente ágil para este tipo de pesquisas. “Se buscó eximir de responsabilidades al gendarme que disparó el proyectil”, advirtió Cesaroni.
Según el relevamiento de datos recogidos por la defensa, la Gendarmería Nacional concluyó el sumario administrativo en menos de diez días desde el incidente como lo reflejan los documentos ahora incorporados a la causa judicial. Los expedientes fueron tramitados con celeridad y en ningún tramo del procedimiento se solicitaron testimonios adicionales ni se indagó sobre potenciales irregularidades en el uso proporcional de la fuerza pública. El informe dado a conocer por la propia fuerza describe los hechos en base a declaraciones de los oficiales presentes e imágenes del operativo, pero omite una reconstrucción detallada de los movimientos que desembocaron en la lesión del reportero gráfico, de acuerdo a los señalamientos de la defensa de Grillo.
Asimismo, los defensores del fotoperiodista denuncian que tampoco se analizaron grabaciones independientes ni registros aportados por testigos presenciales, una omisión que, a criterio del equipo letrado, condiciona la transparencia de la investigación. En el informe se fija como hipótesis central que el disparo resultó “inevitable en el contexto del operativo” y que el agente empleado “cumplió con la normativa interna de la fuerza”. Sin embargo, los representantes legales de Grillo ponen el acento en que estos enunciados no se respaldan con peritajes técnicos objetivos, ni se contrastan con el relato de la propia víctima acerca de la secuencia que derivó en el impacto del proyectil. La defensa de Pablo Grillo presentó formalmente un reclamo ante el Ministerio de Seguridad, en el que sostiene que la inmediatez del cierre administrativo impidió el acceso a elementos de prueba fundamentales para establecer las responsabilidades del personal actuante.
La documentación, indican, tampoco incluye un relevamiento médico de la condición de Grillo ni evalúa las consecuencias físicas y profesionales producidas por la lesión. El fotógrafo permaneció internado durante más de tres meses y luego fue trasladado a un centro de rehabilitación especializado para continuar con su recuperación. Lo que siguió fue un proceso que, según la familia y el círculo íntimo del reportero, estuvo signado por innumerables dificultades en la atención médica y el acompañamiento institucional.
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