Javier Milei delegó en Luis Caputo el control de la obra pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa concentrando poder en el Gobierno de Javier Milei. El presidente le delegó el control de la obra pública, uno de los puntos donde el Ejecutivo pasó la “motosierra” y uno de los principales temas de confrontación con los gobernadores.

A través del Decreto 414/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el jefe de Estado delegó en el titular del Palacio de Hacienda “las facultades y obligaciones para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito de su jurisdicción”.

A su vez, Caputo está autorizado a subdelegar dichas facultades “en los Secretarios y Subsecretarios de su jurisdicción, competentes en la materia”.

El decreto, que lleva las firmas de Milei, del ministro del Interior Guillermo Francos, y del propio ministro de Economía, instruye al jefe de Gabinete, Nicolás Posse a “dictar los actos administrativos y a ordenar las diligencias que estime necesarias, con el fin de adecuar la ejecución de las obras públicas autorizadas por normas particulares o en curso de ejecución al nuevo esquema de distribución de competencias establecido” como consecuencia del nuevo organigrama de Gobierno que dispuso la actual administración.

En los considerando, el Poder Ejecutivo justificó la decisión señalando que se busca “dotar” al Ministerio de Economía “de los instrumentos necesarios para el mejor logro de sus objetivos -en función de las competencias asignadas-”.

El Poder Ejecutivo delegó las facultades sobre el manejo de la obra pública en Caputo luego que el mes pasado el Ministerio de Economía absorbiera de manera oficial secretarías que pertenecían al eliminado Ministerio de Infraestructura que comandó al principio de la gestión Guillermo Ferraro.

De esta forma, en el radio del Palacio de Hacienda quedaron la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Concesiones.

En la práctica, áreas clave que pertenecían a Infraestructura ya trabajaban bajo órdenes del Ministerio de Economía. Caputo supervisó de cerca las decisiones de tarifas que tomó Transporte, y también encabezó reuniones con empresarios de la construcción para ponerlos al tanto de los planes de fuerte ajuste de las partidas para la obra pública.

El ministro de Economía anunció este jueves que el Sector Público Nacional registró en abril superávit fiscal por cuarto mes consecutivo, esta vez de $17.409 millones, producto de un superávit primario de $264.952 millones y de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público por $247.543 millones.

En lo que va del año el Gobierno acumuló un saldo positivo en las cuentas públicas, contando el pago de intereses de deuda, por 0,2 puntos del PBI, según detalló el titular del Palacio de Hacienda a través de su cuenta oficial de X.

Los principales detractores de la política oficial y algunos economistas señalan que el ajuste que lleva adelante el Gobierno puede tener límites hacia adelante. En particular, apuntan sobre la sostenibilidad social y política de los recortes en un contexto de crisis económica. Es que el mayor aporte a la caída del gasto tuvo que ver con jubilaciones, otros gastos sociales y salarios públicos.

Al respecto, la consultora Econviews de Miguel Kiguel había señalado: “Hay dos maneras de ver cómo se distribuyó el ajuste hasta ahora. Una es la contribución absoluta a la caída del gasto, y ahí surge que la ‘licuadora’ sobre jubilaciones y otros gastos sociales (44%) y salarios del sector público (11%) explica más de la mitad. La ‘motosierra’ a la obra pública (22%), subsidios económicos (12%) y transferencias a las provincias (6%) es el otro 40% (lo de las provincias es en parte por menor recaudación de impuestos coparticipables”.

De todos modos, en el primer trimestre la diferencia entre el gasto devengado y el base caja, es decir lo efectivamente pagado, sumó $2 billones entre los $680.000 millones que quedaron del Gobierno anterior en 2023 y $1,3 billones de pasivos que acumuló la gestión de Milei. Si bien ese monto de “deuda flotante” no es históricamente alto, no contempla la deuda de Cammesa con las generadoras de electricidad y productoras de gas natural que, en definitiva, son compromisos del Tesoro.