De ahora en más los fondos para comedores escolares pasarán a ser administrados por la Secretaría de Educación.
Lo dispuso el Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 66/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. En efecto, se transfieren las prestaciones para comedores escolares “del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la órbita de la Secretaría de Educación”, ambas áreas pertenecientes a la cartera de Sandra Pettovello.
“La transferencia aludida comprende los créditos presupuestarios vigentes a la fecha”, aclaró el Gobierno Nacional.
Por la Ley N° 25.724, se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años de edad en situación de pobreza. A través de esa norma se dispuso que la aplicación sea ejercida conjuntamente por el Ministerio de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social. Desde 2002, año en que se declaró la “Emergencia Alimentaria Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2025, el Estado debe garantizar la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia. En este marco, durante la administración de Alberto Fernández se creó el Plan Nacional “Argentina contra el hambre”, con el objetivo de garantizar “la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población”. Entre sus lineamientos se incluyó el componente de “seguridad alimentaria” que consiste en garantizar a las familias más vulnerables acceso a los alimentos. En ese componente se encuentran las prestaciones para comedores escolares que el Gobierno de Milei dispuso hoy que sea administradas por la Secretaría de Educación.
La transferencia de un área a otra, pese a que ambas dependen de Capital Humano, se da en medio de la disputa entre el Ministerio de Pettovello y las organizaciones sociales que denuncian que no se están enviando fondos a los comedores comunitarios.
Semanas atrás, la ministra dio a conocer un informe que advirtió que “el 55% de los comedores relevados no existen”. A su vez, del total de 44.314 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), apenas el 10%, unos 4.430 fueron ‘matriculados’ por la administración del Frente de Todos y solo 2.314 recibían asistencia por parte del Estado porque así lo requirieron. La investigación de Capital Humano detectó que durante la gestión Fernández el 4,2% de los alimentos secos que eran destinados a los comedores y merenderos comunitarios salían de los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social, eran trasladados a los depósitos de organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC o Somos Barrios de Pie y de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero, Libres del Sur o el Frente de Organizaciones en Lucha “y de ahí, de manera discrecional y extorsiva iban supuestamente a los comedores y merenderos que dependían de esas agrupaciones”, destacaron los funcionarios de Capital Humano consultados por Infobae. Apenas el 8% de esa mercadería era rendida “de manera informal” a la ex cartera de Desarrollo Social que fue conducida por Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Ese 4,2% de la ayuda alimentaria ya no será manejada por los dirigentes sociales. El 50% de ese monto total, que era de casi 80 mil millones de pesos, será vehiculizado a través del Programa Alimentar Comunidad. Una especie de tarjeta de prepago a través de la cual los responsables de los comedores debidamente acreditados, se les girará dinero para la compra no solo de arroz, fideos y yerba, sino de otros alimentos de mayor contenido proteico como lácteos, carnes, verduras, frutas y hasta alimentos para celíacos si es necesario.
Según el presupuesto vigente, del 100% de la ayuda alimentaria que da el gobierno, esto es un billón setecientos setenta y siete mil millones de pesos, la prestación Alimentar a través de la Tarjeta Alimentar representará el 90% del presupuesto, esto es un billón quinientos ochenta y ocho mil millones de pesos. Otros $47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); casi $80.000 para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas.
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