A horas del debate, el Gobierno endureció su postura y tensó la negociación para forzar la sesión por la Ley Ómnibus

Mientras se elevaban las temperaturas en Buenos Aires, los despachos más encumbrados de la Casa Rosada se enfriaban. En las primeras horas de la tarde, Javier Milei adoptó una posición intransigente frente a los gobernadores y diputados de los bloques dialoguistas, con los que intentó negociar sin éxito hasta anoche los respaldos que necesita para aprobar en Diputados su preciada Ley Ómnibus mañana. En la víspera del debate en el recinto de la Cámara baja, quedaron suspendidas durante varias horas las comunicaciones entre el Gobierno y los referentes de las provincias, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación e Independencia. Al punto de que el Ejecutivo les dejó saber que no descartaba retirar el conjunto de la iniciativa si no tenía chances siquiera de obtener quórum. Por la tarde, las bancadas no kirchneristas anunciaron que facilitarían la sesión.

Tras respaldar a Guillermo Francos en sus cruces con los gobernadores, en Balcarce 50 admitieron esta tarde que no estaban promoviendo diálogos con la oposición. Una diferencia sustancial con la dinámica que se había impuesto la semana pasada entre ambas terminales, cuando los contactos fluían prácticamente a toda hora para llegar a un punto medio en la negociación. “Ya no estamos tratando de destrabar nada. La sesión dependerá de si hay consenso para votar nuestro proyecto”, decían cerca del Presidente. Y aseguraban que, en caso de que ese acuerdo no existiera, estarían dispuestos a bajar la iniciativa completa.

Milei y su ministra más preciada, Patricia Bullrich, dieron algunas señales sutiles en ese sentido, on the record. Este mediodía, el primer mandatario retuiteó en X, su red social favorita, el mensaje de un usuario que deslizaba la frase: “La ley, si pasa, pasa. Pero sino no va a ser un problema. Tenés el Presupuesto 2023; con la nominalidad que tenemos, aumenta la discrecionalidad de las partidas”. Poco antes, la única funcionaria del PRO en el Gabinete había deslizado en una entrevista: “Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve”.

Esas advertencias, realizadas con cautela en público, fueron transmitidas de manera más explícita en privado. Ante la dureza de la oposición, los asesores del Presidente les transmitieron a los jefes de los aliados que estaban dispuestos a bajar la ley, con la advertencia de que deberían cargar con la culpa por frenar los cambios estructurales que, según los libertarios, necesita la Argentina. “Tendrán que pagar el costo político”, dijeron, convencidos de que la opinión pública aún respalda de manera mayoritaria a la gestión libertaria.

Las advertencias surtieron efecto. En el albor de la tarde, después de varias horas de silencio, el bloque de la UCR reveló que contribuiría al quórum. La Coalición Cívica, también, al igual que Pro. Y en la misma línea se expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que en las últimas 72 horas cambió de posición dos veces y en la tarde de hoy volvió a respaldar a los libertarios, aunque con condicionamientos. “Vamos a acompañar en general y vamos a estar planteando modificaciones en muchos artículos. Estamos de acuerdo en colaborar con el gobierno en sancionar la ley”, dijo. Y el jefe de Hacemos, Miguel Pichetto, hizo lo propio: “Hay que hacer un esfuerzo para que la ley salga”, dijo por radio.

Las conversaciones venían tensándose desde la semana pasada. La paciencia de los gobernadores se agotaba ante la dureza que exhibía el Gobierno frente a sus nuevos reclamos, principalmente, sobre retenciones y movilidad jubilatoria. Y si bien la quita del capítulo fiscal del proyecto “Bases” que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes por la noche, fue tomada de forma positiva inicialmente, su extensión terminó incomodando en el interior.

Es que en las provincias pedían modificaciones en algunos temas tributarios que podían perjudicar a actores significativos de sus economías -léase, el agro, la ganadería y la industria-, pero estaban de acuerdo con mantener los ejes que los favorecían, como la moratoria, el blanqueo, y la marcha atrás con la suba del mínimo no imponible de Ganancias. “Necesitábamos cambios, no que borraran todo el capítulo”, dijeron el sábado desde algunos Ejecutivos provinciales. En definitiva, tomaron la jugada del oficialismo como una provocación, y después de conversar puertas adentro durante el fin de semana, convinieron reunirse el lunes para definir una posición conjunta.

Además, le pidieron a Milei una audiencia con alguno de sus funcionarios de mayor peso. Cansados de hablar con el asesor Santiago Caputo, planteaban que los recibiera, como mínimo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, o el del Interior, Guillermo Francos.

El primer mandatario decidió enviar al titular de la cartera política, pero la reunión salió mal. Los gobernadores le plantearon coparticipar en un 30 por ciento el impuesto PAÍS para compensar los ajustes derivados del freno a la obra pública; y Francos quedó en evaluarlo. Pero después varios de ellos salieron a instalar que habían recibido una respuesta positiva, lo cual provocó la ira de Milei, que terminó llamándolos “bloque extorsión”. Y esta mañana respaldó a su ministro en la reunión de Gabinete.

Si bien lo más probable que haya sesión mañana, los reclamos continuarán en el hemiciclo, básicamente divididos en tres ejes: privatizaciones, hidrocarburos, y la coparticipación del Impuesto PAÍS. El quórum no significa que el Gobierno vaya a obtener media sanción , aunque los planteos a priori de los opositores indicarían que están dispuestos a acompañar, siempre que se hagan los cambios que esperan introducir mañana, en la confusión y al calor de un debate que probablemente dure 40 horas.