La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona pidió hoy que se mantenga la prohibición de salida del país de los cinco iraníes y 14 venezolanos que llegaron a la Argentina el 6 de junio en el avión de Emtrasur con autopartes. La DAIA ya se había expedido y ahora deberá resolver el juez de la causa, Federico Villena.
La fiscal le pidió a Villena que también mantenga la prohibición de la aeronave para partir de regreso a Venezuela.
La defensa de los extranjeros, a cargo del abogado argentino Hernán Carluccio, había pedido el levantamiento de las medidas cautelares y que se les permitiera a cada uno de ellos regresar a sus países. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, sostuvo el abogado.
El propio gobierno de Irán, en una jugada diplomática, también había solicitado que se dejaran sin efecto las medidas restrictivas para la aeronave.
Luego de pedir una prórroga, la fiscal Incardona consideró hoy que aún falta mucha prueba por producir y evaluar antes de facilitar la salida de los iraníes y venezolanos del país. Mencionó puntualmente las respuestas pendientes de los gobiernos de Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
Este lunes, la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, también rechazó el pedido que presentó el abogado de los tripulantes para que se les permita salir del país. Entre otros argumentos, la abogada dijo que hay peligro de fuga y de que puedan entorpecer la investigación. Además, sostuvo que todavía no se completaron todas las medidas de prueba ordenadas por el juez y que los 19 tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos- no aportaron los domicilios de residencia.
Si bien no pesa sobre ninguno de ellos una acusación formal por la comisión de delito alguno, la fiscal consideró que no está demostrado que se tratara de un vuelo que transportaba carga y, al mismo tiempo, sirviera como instrucción por parte de los iraníes hacia los venezolanos.
Incardona destacó que no hay ninguna credencial ni documento en el expediente que certifique que los pilotos iraníes eran instructores de los venezolanos.
Según el dictamen, todavía está pendiente el análisis de los teléfonos celulares de los extranjeros, que fueron secuestrados por orden del juez Villena hace más de un mes. En total se analizaron 72 aparatos, entre celulares, notebooks y computadoras.
Incardona estimó, además, que existen riesgos procesales, ya que en el caso de que se permitiera la salida del país de los extranjeros y luego de la evaluación de la prueba se formalizara una acusación, ni Venezuela, ni Irán permiten la extradición de sus ciudadanos. En ese caso, la eventual investigación por la comisión de un delito que todavía no está precisado se vería frustrada.
El dictamen de la fiscal no es vinculante y, en definitiva, será el juez Villena quien resuelva sobre la situación del avión y de sus tripulantes.
La decisión del juez se conocerá la semana próxima, aunque la resolución ya comenzó a redactarse. En ese fallo están detalladas todas las pruebas que se sumaron al expediente desde el 12 de junio.
La situación del avión de Emtrasur, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, se analiza en un incidente aparte y quedaría para una segunda instancia. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad de esa aeronave pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes.
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