A más de tres años del crimen, una pericia determinó que no fue el prefecto preso el que disparó a Rafael Nahuel

La investigación por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrida el 25 de noviembre de 2017 en un predio de Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, ocupado por una comunidad mapuche, dio un giro en las últimas horas, a raíz de una pericia clave. Es que la justicia recibió un informe que determinó que la bala que mató al joven no salió del arma que llevaba Javier Pintos, el efectivo de Prefectura que estuvo acusado y preso por el crimen. La pericia estableció que, en realidad, el disparo había salido del arma de uno de sus compañeros, cuya situación ahora podría agravarse. No obstante, confirma la hipótesis de que el tiro salió desde las fuerzas de seguridad.

Rafael Nahuel tenía 22 años y murió por un disparo que le ingresó por el glúteo cuando se encontraba en el predio acompañando a sus familiares en un reclamo por tierras.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2017, el mismo día en que en Buenos Aires enterraban los restos de Santiago Maldonado, el joven artesano que había desaparecido en agosto de ese año y cuyo cuerpo fue encontrado 78 días después en las aguas del río Chubut.

Para esa altura, el gobierno de Mauricio Macri ya había denunciado el conflicto mapuche y la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendía la actuación de las fuerzas de Gendarmería en la causa Maldonado.

El 10 de noviembre de 2017, el lof Lafken Winkul anuncio que había realizado la «recuperación territorial» de una zona cercana a Villa Mascardi que integraba el Parque nacional Nahuel Huapi. El 23 de noviembre, más de 300 agentes federales, pertenecientes a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, procedieron al desalojo y detuvieron a un grupo de personas. El 25 de noviembre hubo un nuevo procedimiento que incluyó disparos de balas de goma y de plomo. Ahí fue herido y muerto Rafael Nahuel.

La causa judicial tuvo sus vaivenes. El juzgado federal de Bariloche, entonces a cargo de Leonides Moldes, había procesado a integrantes del Grupo Albatros por homicidio agravado por el uso de armas, cometido en exceso de legítima defensa. En ese grupo se encontraban Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón Sergio Cavia y Francisco Javier Pintos.

La Cámara Federal de General Roca revocó la mayoría de esos procesamientos y les dictó la falta de mérito, pero confirmó el procesamiento de Pintos, a quien ordenó detener. Casi un mes después, la Cámara de Apelaciones dispuso su excarcelación.

En esa resolución la Cámara también había dicho que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, tuvo “un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial (…) con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados” sentenciando “mediáticamente que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.

El caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que en octubre de 2019 anuló el fallo de la Cámara Federal de General Roca y apartó a los jueces que habían concluido que no existió un enfrentamiento, sino que los prefectos persiguieron a los mapuches. El fallo de Casación fue firmado por la Sala III, con la firma de los jueces Liliana Catucci, Esteban Riggi y Juan Carlos Gemignani. Allí afirmaron que la resolución había sido arbitraria, se descartaba un peritaje que aliviaba la situación del imputado y otros indicios que validaban la hipótesis de un enfrentamiento.

En ese contexto, se ordenó un tercer peritaje que es el que se realizó ahora. A más de tres años del hecho, el 15 de enero, el juez federal subrogante de San Carlos de Bariloche, Javier Zapata, recibió el informe desde el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el mismo equipo técnico que evaluó si había pólvora en las manos del fiscal Alberto Nisman.

“Se da por concluido el primer punto pericial habiéndose establecido una relación de identidad entre el proyectil incriminado individualizado con la letra A y el arma designada con la letra P tratándose de la pistola marca Pietro Beretta modelo 92FS serie número 05P83332Z. Es decir que los suscriptos han establecido que el proyectil incriminado ha sido disparado por ese arma de fuego”, dice le informe remitido al juez.

El arma asignada con la letra P era portada por el cabo primero Sergio Guillermo Cavia, quien estaba siendo investigado en la causa como uno de los que participó del operativo, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Los peritos de Salta continuarán su trabajo en febrero. Es probable con esos nuevos resultados el juez avance en una indagatoria sobre el portador del arma que efectuó el disparo fatal.

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