Cuidado con el maquillaje

La semana pasada, el ministro de Economía, Elmer Cuba, confirmó que reducir el número de ministerios está en la agenda del Gobierno. Bienvenido el debate. Hoy tenemos 19. Hace veinte años eran 15. Más ministerios, evidentemente, no han sido garantía de mejores resultados.

La economía parte de una premisa básica: los recursos son escasos y tienen usos alternativos. El Estado no escapa de ella. Cada sol destinado a sostener estructuras administrativas innecesarias tiene un costo de oportunidad: son recursos que podrían destinarse a seguridad, educación, salud o infraestructura. Pero el costo de un Estado fragmentado va bastante más allá del presupuesto.

Cada nueva estructura supone equipos administrativos, oficinas, sistemas y procesos. Además, cuando distintas entidades participan de una misma política aparecen costos de coordinación, competencias superpuestas y responsabilidades diluidas. Si demasiados intervienen, resulta también más difícil determinar quién responde cuando las cosas no funcionan.

Durante años hemos caído en la tentación de responder a nuevos problemas creando organismos, programas y estructuras, como si ampliar el organigrama incrementara automáticamente la capacidad del Estado.

Un buen ejemplo de lo anterior fue la propuesta de crear un Ministerio de Infraestructura que absorbería, entre otras entidades, a la recientemente creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Frente a las dificultades para ejecutar inversión pública, primero creamos una autoridad y poco después planteamos crear un ministerio. El problema es que ninguna nueva estructura elimina por sí misma las trabas, procedimientos e incentivos que dificultan la ejecución.

La evidencia internacional ofrece algunas lecciones. Un estudio de Hammerschmid y otros, publicado en 2019 y basado en una encuesta a altos funcionarios de veinte países europeos, encuentra que la reducción de estructuras está asociada con mejoras en eficiencia de costos, aunque advierte que hacerlo indiscriminadamente puede afectar la calidad de los servicios. Asimismo, fragmentar funciones mediante la creación de agencias autónomas no muestra mejoras significativas de desempeño y puede generar problemas de coordinación.

El Banco Mundial aporta otra pieza importante: muchos países de ingresos bajos y medios tienen problemas de capacidades en su administración pública debido, entre otros factores, a la falta de mérito y transparencia en la contratación. Recomienda fortalecer procesos competitivos de selección, capacidades y gestión del desempeño. Incluso advierte que ministerios y entidades compiten por recursos escasos y pueden desarrollar una suerte de lógica territorial que dificulta la colaboración entre ellos.

Por eso, reducir ministerios puede ser positivo si permite generar economías de escala, eliminar duplicidades, concentrar capacidades y reducir costos de coordinación. Incluso puede mejorar algo indispensable: la rendición de cuentas. Menos actores con responsabilidades claramente definidas hacen más sencillo saber quién debe responder por los resultados.

Pero cuidado. Fusionar carteras para simplemente trasladar funcionarios, oficinas, procedimientos y problemas de un ministerio a otro sería apenas maquillaje. Una reforma seria debería revisar funciones y procesos, eliminar burocracia redundante, fortalecer la meritocracia y evaluación de desempeño, digitalizar servicios y establecer responsabilidades e indicadores claros.

No se trata, por tanto, de determinar arbitrariamente cuál es el número “correcto” de ministerios. La propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que estos pueden comprender uno o varios sectores. Lo importante es cómo se organizan las funciones, qué capacidades tienen y, finalmente, qué resultados producen.

Reducir ministerios puede ser un buen comienzo. Pero no se trata solo de achicar el Estado, sino de hacerlo funcionar. Menos estructuras, sí; mejores resultados, sobre todo.