Más de 50 organizaciones de América Latina, Europa y Norteamérica presentaron un reclamo formal ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) para exigir límites inmediatos a la pesca ilegal del calamar gigante en alta mar, una actividad que actualmente opera sin topes de captura en aguas internacionales del Pacífico Sur.
La declaración, suscrita por gremios de pesca artesanal, empresas procesadoras y ONG ambientales, advierte que el régimen de acceso abierto en la zona de la Convención ha permitido una extracción creciente por parte de la flota de aguas distantes, principalmente china, sin un marco científico robusto que garantice la sostenibilidad de la pota (Dosidicus gigas), recurso clave para Perú y otros países ribereños.
El vacío en alta mar y la presión sobre el recurso
El calamar gigante del Pacífico Sur es uno de los productos pesqueros más relevantes para el mercado internacional. Entre 2019 y 2023, Perú concentró el 51 % de los desembarques globales, seguido por China con 41 % y Chile con 7 %. A diferencia de lo que ocurre en aguas jurisdiccionales —donde existen cuotas, vedas y controles— en alta mar la actividad se ha desarrollado bajo un esquema sin límites de captura plenamente establecidos.
El Second SPRFMO Performance Review Panel (2024) advirtió que, en comparación con otros recursos gestionados por la OROP-PS, persisten brechas en el estándar de manejo aplicado al calamar gigante. Entre los puntos señalados figuran el limitado desarrollo de asesoramiento científico robusto y la ausencia de medidas de ordenación basadas en evidencia consolidada.
Según cifras citadas en la declaración, en los últimos 13 años la flota china habría capturado alrededor de cinco millones de toneladas en aguas internacionales. Entre 2020 y 2024, los desembarques anuales superaron las 400 mil toneladas, lo que representa un incremento cercano al 65 % respecto a la década anterior. Actualmente operan aproximadamente 671 embarcaciones industriales en la zona.
Investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile detectaron señales de deterioro en la condición poblacional del recurso en aguas internacionales. Las organizaciones firmantes señalan que el calamar cumple un rol estratégico en los ecosistemas oceánicos, tanto como depredador como presa, por lo que su sobreexplotación podría generar impactos en cadena.
Nueve propuestas en debate rumbo a Panamá 2026
El reclamo internacional respalda nueve propuestas técnicas que serán discutidas en la 14.ª reunión de la Comisión de la OROP-PS (COMM14), prevista para marzo de 2026 en Panamá. Las iniciativas fueron presentadas por Ecuador, Perú, Estados Unidos, República de Corea, la Unión Europea y Nueva Zelanda.
Entre las medidas planteadas se incluyen la fijación de límites precautorios de captura, el congelamiento del esfuerzo pesquero en alta mar, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización, y la adopción de estándares regionales vinculantes sobre bienestar de tripulantes. El documento también menciona la necesidad de mejorar los sistemas de reporte y trazabilidad de capturas.
La declaración fue suscrita por organizaciones como la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), la Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL), la Coordinadora Nacional de Jibieros de Chile, así como por entidades internacionales como Oceana, The Pew Charitable Trusts, Environmental Justice Foundation y Sustainable Fisheries Partnership.
El texto sostiene que la situación actual de la pesquería exige la aplicación estricta del enfoque precautorio conforme a los lineamientos de la FAO, y remarca que la falta de certidumbre sobre el estado del stock incrementa los riesgos para la sostenibilidad y para las comunidades que dependen de la actividad.
En Perú, más de 6.000 embarcaciones artesanales participan en la extracción de pota bajo regulaciones nacionales que incluyen vedas y cuotas científicas. La discusión que se abrirá en Panamá definirá el alcance de las futuras reglas para la pesca en alta mar del Pacífico Sur, en un escenario donde confluyen intereses productivos, ambientales y regulatorios.
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