Perú decidió no presentar la postulación de Luz del Carmen Ibáñez Carranza a la Corte Internacional de Justicia debido a sanciones disciplinarias de la Corte Penal Internacional y restricciones impuestas por Estados Unidos y Rusia.
La Cancillería peruana explicó que se descartó la candidatura tras evaluar las consecuencias de estas medidas para la viabilidad internacional de la jurista, especialmente por el peso que tienen Washington y Moscú en la elección de jueces del principal tribunal de la ONU.
En marzo de 2025, el gobierno de Perú había hecho pública su intención de apoyar a Ibáñez Carranza para el periodo 2027-2036. Sin embargo, poco después, la Cancillería suspendió todo avance en la postulación al conocerse la decisión disciplinaria emitida por la presidencia de la CPI y el impacto de sanciones externas. No llegó a formalizarse su candidatura.
La investigación disciplinaria contra Ibáñez Carranza fue iniciada por la CPI en 2022 y concluyó en noviembre de 2024. Tras recibir testimonios de por lo menos 50 personas, el tribunal internacional determinó que la magistrada cometió acoso laboral contra su personal, incluyendo trato ofensivo y desconocimiento de los derechos internos como licencias. Se dispuso una suspensión de sueldo durante tres meses y una reprimenda escrita, violaciones que afectaron su deber de probidad judicial.
La sanción de la CPI y su justificación fueron comunicadas por la presidencia de la Corte a todos los Estados Parte y a los 125 países miembros del Estatuto de Roma, extendiendo las repercusiones diplomáticas del caso. Estos hechos influyeron directamente en la evaluación sobre la viabilidad de la postulación peruana ante la CIJ.
A estos antecedentes se suman las sanciones impuestas por Estados Unidos y Rusia a integrantes de la Corte Penal Internacional, entre ellas Ibáñez Carranza, en 2025. El Departamento de Estado estadounidense anunció la cancelación de sus tarjetas de crédito y visas, mientras que una corte de Moscú la declaró culpable —junto a otros jueces y fiscales de la CPI— de cargos relacionados con la persecución de funcionarios protegidos internacionalmente.
La Cancillería peruana consideró que estas sanciones, impuestas por dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reducían las posibilidades de éxito de la candidatura en la CIJ, cuyo proceso electoral requiere respaldo tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad. Tanto Estados Unidos como Rusia ejercen derecho a veto como miembros permanentes del Consejo, instancia clave para la elección de magistrados en la Corte Internacional de Justicia, que también exige aval en la Asamblea General.
Abogada y ex fiscal, Ibáñez Carranza fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional en diciembre de 2017, con mandato de nueve años y funciones en la Sección de Apelaciones. El proceso disciplinario y el señalamiento público por parte de dos potencias internacionales marcaron el final de su aspiración al principal tribunal judicial de la ONU.
Según argumentó la Cancillería peruana, las resoluciones del tribunal internacional y las restricciones asumidas por dos miembros del Consejo de Seguridad dejaron sin margen a Perú para impulsar la postulación, mostrando el peso de las decisiones judiciales y diplomáticas en la carrera de figuras del ámbito multilateral.
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