El REINFO nació como un mecanismo excepcional y transitorio, pensado para acompañar a pequeños mineros hacia la formalización. No fue concebido como una política ambiental permanente ni como un régimen alternativo de gobernanza del territorio. Sin embargo, más de una década después de su creación, sigue vigente y vuelve a extenderse, una vez más, sin que exista una evaluación pública integral sobre sus impactos ambientales, sociales o institucionales.
Cuando una excepción se prolonga durante trece años, deja de ser una excepción. Se convierte en una estructura paralela de poder.
Desde una perspectiva ambiental, el problema es profundo. El REINFO ha operado, en la práctica, como un paraguas administrativo que permite continuar actividades extractivas sin cumplir plenamente con estándares ambientales, laborales ni tributarios. Diversos informes oficiales y análisis independientes han advertido que el registro ha sido utilizado no solo por mineros en proceso real de formalización, sino también por operadores informales e ilegales como una forma de ganar tiempo y seguir operando, evitando la fiscalización efectiva y continuar extrayendo en zonas altamente sensibles, incluida la Amazonía.
El incentivo implícito es claro y peligroso: extrae ahora, lucra ahora, y regulariza después (o aparentemente, nunca).
En términos ecológicos, este enfoque es incompatible con cualquier noción de prevención, restauración o protección de ecosistemas. Los impactos de la minería informal —deforestación, contaminación por mercurio, alteración de cuencas, pérdida de biodiversidad— no son daños abstractos ni reversibles en el corto plazo. Son pérdidas estructurales.
En lugar de transitar hacia un nuevo marco regulatorio, el país sigue operando bajo un régimen provisional que ya demostró sus límites y quienes realmente se benefician de ello.
Así, el REINFO ha dejado de ser una herramienta de transición y se ha transformado en una estructura paralela del poder al Estado, donde la informalidad no es una anomalía a corregir, sino una condición supuestamente administrada. Pero, ¿es el Estado quien administra el REINFO, o es el REINFO quien termina administrando al Estado?
El REINFO es al día de hoy una estructura organizada con la capacidad suficiente para que cualquier decisión que beneficie directamente a sus intereses se apruebe en apenas treinta minutos, sin un debate público proporcional a la magnitud de los impactos sociales, ambientales y territoriales en juego.
El costo de esta lógica no lo pagan quienes se benefician de la excepción. Lo pagan los ecosistemas degradados, las comunidades afectadas, y un Estado que normaliza que el cumplimiento de la ley (ambiental) está subordinada al respaldo político en el Congreso.
Un Estado que no es capaz de hacer cumplir la ley de manera igualitaria para todos no es un Estado flexible ni pragmático: es un Estado condenado a fracasar.
La discusión de fondo no es técnica. Es ética y política.
¿Puede un país que se reconoce megadiverso seguir gobernando sus territorios bajo regímenes de excepción permanentes?
El REINFO, tal como ha sido extendido, no es una solución.
Es el síntoma de un sistema que beneficia a pocos y afecta a muchos.
Y cada prórroga adicional no gana tiempo para ordenar el sector.
Gana tiempo para que el daño continúe y se amplifique hasta ser irreversible.
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