El paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre en Lima y Callao involucra la participación de más de 450 empresas en protesta contra la inseguridad. Ante la convocatoria, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de más de 10.000 policías con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y las unidades que decidan operar durante la paralización.
El operativo, denominado Plan Amanecer Seguro, comenzará a las 4:30 a.m. en los principales corredores de la capital, con patrullas y puntos de control ubicados en zonas estratégicas. Esta medida busca prevenir incidentes y mantener el orden en avenidas y rutas de alta circulación.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) el establecimiento de desvíos y rutas alternas para facilitar la movilidad de la ciudadanía durante la jornada. Además, se habilitarán buses adicionales en vías principales para apoyar el traslado de pasajeros.
Se estima que miles de unidades de transporte urbano suspendan operaciones durante el paro, por lo que el enfoque policial estará en minimizar riesgos, asegurar la protección de los ciudadanos y garantizar que puedan movilizarse sin radares, ni comunicación por radio, a pesar de la medida de fuerza.
Malaver defiende protocolo policial ante incidentes con perdigones
El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que la Policía Nacional actúa bajo el respeto de los derechos humanos y no utiliza perdigones en sus intervenciones, sino postas de goma, de acuerdo a normas internacionales sobre el uso de la fuerza. “No existe disposición alguna que avale la represión contra manifestantes o periodistas. Si ocurre un caso aislado, se investiga de inmediato”, puntualizó Malaver.
No obstante, en movilizaciones anteriores, se presentaron incidentes en los que se reportaron perdigones presuntamente disparados por agentes policiales. Uno de estos hechos afectó a un equipo de prensa que cubría una protesta, lo que generó cuestionamientos sobre la seguridad y los protocolos de actuación de la PNP en manifestaciones.
Malaver aseguró que el despliegue policial para el jueves 2 de octubre está orientado a proteger tanto a los pasajeros como a las empresas de transporte que decidan operar durante el paro. El operativo comprende patrullajes, puntos de control y supervisión en los corredores con mayor tránsito en Lima y Callao.
Malaver asegura funcionamiento parcial mientras gremios advierten paro masivo
El ministro del Interior, Carlos Malaver, sostuvo que existen gremios que no se sumarán a la paralización, e hizo hincapié en la diversidad de posturas dentro del sector. Indicó que el transporte masivo —como el Metropolitano, el tren eléctrico y los corredores complementarios— continuará operando, lo que representa cerca del 35% del trasladado de pasajeros en Lima y será esencial durante la jornada.
Sin embargo, los dirigentes del transporte urbano señalaron que más de 450 empresas suspenderán sus servicios este jueves, lo que afectará a miles de unidades. Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), explicó que la paralización responde a la inseguridad constante que enfrentan los conductores en sus rutas diarias.
¿Qué exigen los transportistas?
Este jueves tendrá lugar el paro de transporte urbano en Lima y Callao debido a la necesidad de resguardar la integridad de conductores y cobradores frente a extorsiones y ataques de mafias. Los gremios de transporte insisten en que la paralización no tiene fines económicos, sino que apunta a garantizar la operación de los transportistas sin amenazas.
Las principales demandas incluyen:
- Creación de una unidad de élite que integre a Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para enfrentar a las bandas criminales que extorsionan a conductores y empresas.
- Auditorías y control permanente sobre esta fuerza especial, para asegurar transparencia y eficacia.
- Implementación de medidas preventivas, como la instalación de cámaras en las unidades y mayor presencia policial en rutas catalogadas como de alto riesgo.
- Protección legal y judicial inmediata para los conductores que denuncien extorsión o agresiones, protegiendo a quienes quedan expuestos ante las mafias.
- Respuesta rápida y efectiva del Estado ante ataques o amenazas, permitiendo que choferes y cobradores sigan trabajando sin temor.
Los dirigentes remarcan que la carencia de acciones concretas por parte del Estado ha conducido a la suspensión masiva de servicios, lo que afecta la movilidad de miles de personas en Lima y Callao.
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