Elio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), advirtió durante la sesión de la Comisión de Economía del Congreso que un nuevo retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) provocaría una salida inmediata de más de S/31,6 mil millones.
De acuerdo a su exposición, el 68% del total extraído correspondería a afiliados mayores de 40 años, quienes tendrán un periodo limitado para recuperar los fondos antes de alcanzar la edad de jubilación.
SBS advierte riesgo por posible retiro masivo de fondos de pensiones
Desde 2020 hasta 2024, Sánchez explicó que el SPP ha enfrentado siete rondas de retiros extraordinarios autorizados por medidas legislativas, sumando S/115.000 millones retirados del fondo previsional nacional. Ese flujo ha generado consecuencias notorias en la composición de los ahorros previsionales: 2,2 millones de afiliados hoy tienen saldo cero en sus cuentas individuales y 6,4 millones mantienen menos de 1 UIT (S/5.350), mientras solo 1,5 millones superan este umbral de ahorro.
Adicionalmente, 1,7 millones de trabajadores menores de 60 años tendrán que reiniciar su proceso de acumulación de fondos previsionales, afectados por los retiros sucesivos.
Ante la potencial aprobación de un octavo retiro, la SBS señaló que el universo de beneficiarios podría llegar a 7,9 millones de afiliados con acceso a extraer hasta 4 UIT. Este retiro masivo equivale al 27,5% de los fondos acumulados, con un impacto inmediato en la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad individual de brindar protección en la vejez.
La mayor parte del retiro, concentrada en el grupo de mayores de 40 años, implica riesgos acentuados, ya que este sector tendrá menos tiempo para reponer los montos extraídos, elevando la probabilidad de una jubilación sin respaldo económico.
Siete retiros previos ya vaciaron S/115.000 millones de fondos previsionales
La advertencia institucional recoge tanto efectos sistémicos como personales: la salida acelerada de recursos obligaría a las AFP a vender los instrumentos de inversión más líquidos y rentables, lo que podría comprometer la rentabilidad futura de los fondos para el conjunto de los afiliados.
Según la exposición de Sánchez Chávez, este proceso erosiona la capacidad del SPP para generar retornos consistentes, provocando una presión adicional sobre la seguridad financiera de quienes todavía ahorran para su jubilación. En este contexto, explicó, la Ley 32123, conocida como Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, ya ha introducido un nuevo marco regulatorio para el sistema de pensiones del país.
Entre los cambios principales figura el acceso a una pensión mínima garantizada para quienes hayan aportado 20 años, y una pensión proporcional para aquellos que acrediten al menos 10 años de aportes, aplicable tanto al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como al SPP.
La normativa habilita la entrada de bancos, financieras, cajas y aseguradoras como nuevas entidades administradoras de fondos previsionales y promueve la libre movilidad entre ambos sistemas, lo que permite a los afiliados cambiar de régimen según sus necesidades o expectativas.
SBS: solo 1,5 millones de afiliados superan una UIT en sus cuentas de pensiones
Finalmente, Sánchez mencionó que el nuevo marco legal también establece la obligación de definir comisiones basadas en el desempeño y en la rentabilidad lograda para los afiliados, además de exigir una rentabilidad mínima, con la finalidad de alinear los incentivos de las administradoras con los intereses de los clientes. La SBS permanece a cargo de la regulación y vigilancia, supervisando la correcta aplicación de reglas de transparencia, benchmarking de rentabilidad y reducción de las comisiones cobradas, dijo.
El superintendente enfatizó ante los congresistas que, pese a estas reformas orientadas a una mayor protección y flexibilidad para el afiliado, la persistencia de retiros masivos debilita la base financiera del sistema previsional y agudiza el riesgo de inseguridad económica en la etapa de retiro laboral. El funcionario subrayó que los objetivos de la nueva normativa buscan ofrecer alternativas más seguras de jubilación, fortalecer los incentivos para el ahorro a largo plazo y propiciar un sistema previsional más competitivo y transparente.
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