En San Juan de Miraflores, un proceso judicial concluyó con duras sentencias contra dos personas acusadas de extorsionar a la gerente de una institución educativa privada. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Sur consiguió acreditar la responsabilidad penal de los implicados, tras meses de investigación y audiencias.
El caso, que comenzó con una serie de mensajes intimidatorios en marzo de 2024, puso en riesgo no solo a la víctima, sino también a la seguridad de su entorno laboral y familiar. Según la acusación fiscal, los extorsionadores exigían pagos semanales con el fin de no atentar contra la integridad de los docentes, alumnos y parientes de la denunciante.
La situación escaló hasta el punto en que la afectada debió recurrir a la Policía Nacional, entregando pruebas de los depósitos realizados bajo amenaza. Estos elementos fueron claves para el proceso judicial, pues evidenciaron la coordinación de los imputados y la presión constante ejercida sobre la víctima.
Condenas establecidas por el Poder Judicial
El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores consiguió que el Poder Judicial impusiera 17 años de pena privativa de libertad contra Imelda B. F., señalada como coautora del delito de extorsión. Su cómplice, el ciudadano colombiano Sammy R. G., recibió 12 años y dos meses de condena.
Ambos deberán pagar además S/ 2000 de reparación civil a favor de Milagros V. S. S., gerente general de la institución educativa Santiago Apóstol, quien fue la principal agraviada en este proceso.
De acuerdo con el expediente, el 5 de marzo de 2024 la víctima y sus familiares empezaron a recibir mensajes provenientes de distintos números telefónicos. Los extorsionadores exigían el pago de S/ 700 semanales, comprometiéndose a no dañar las instalaciones de la institución educativa ni atentar contra las personas vinculadas a ella.
“Las amenazas eran constantes, incluso modificaban las fechas de pago para presionar más a la agraviada”, detalló la fiscal adjunta Fiorella Valcárcel Gutiérrez, quien estuvo a cargo del caso.
Investigación policial y hallazgos
La denuncia fue presentada en la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Dirincri. Con el avance de las pesquisas, la policía identificó a los responsables y realizó la intervención. Durante el operativo, se incautó una laptop utilizada por Sammy R. G. para enviar mensajes vía WhatsApp Web, lo que reforzó la acusación fiscal.
Las condenas fueron establecidas con plazos claros: Imelda B. F. cumplirá prisión hasta el 5 de abril de 2041, mientras que la pena de Sammy R. G. culminará el 5 de junio de 2036.
“La Fiscalía presentó las pruebas suficientes que permitieron confirmar la participación de cada uno en los hechos”, señaló Valcárcel Gutiérrez tras conocerse la decisión judicial.
Más de 18 mil denuncias por extorsión
Más de 18 mil denuncias por extorsión fueron registradas en el Perú entre enero y agosto de 2025, según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. La información fue difundida por el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, quien alertó sobre el notable incremento de este delito en comparación con el mismo período del año anterior.
Las cifras muestran que en solo ocho meses se acumularon 18,385 denuncias, lo que representa un aumento del 29.3% respecto a 2024, cuando se registraron 14,224. El ritmo de crecimiento refleja un escenario complejo en materia de seguridad ciudadana y plantea nuevos retos para las autoridades encargadas de enfrentar esta modalidad delictiva.
De acuerdo con Carbajal, la magnitud del problema puede dimensionarse al observar la frecuencia con que se presentan los casos. “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”, precisó. La estadística equivale a 75 denuncias diarias en lo que va del 2025, considerando los 243 días transcurridos hasta el cierre de agosto.
Los datos, sin embargo, representan únicamente los registros de la Policía Nacional, ya que el Ministerio Público suele reportar cifras aún mayores. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana indicó que en los próximos días se difundirá la actualización fiscal, lo que podría mostrar un panorama todavía más alarmante.
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