Condenan a extorsionadores del Tren de Aragua a 23 y 15 años en Talara: enviaban mensajes amenazantes y atentaban contra negocios locales

La ciudad de Talara fue escenario de un duro golpe contra la criminalidad organizada luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa lograra obtener condenas de 23 y 15 años y 10 meses de prisión para dos sujetos que, en 2024, atentaban contra negocios locales mediante extorsión agravada. Los sentenciados, de nacionalidad venezolana, amenazaban a propietarios, administradores y trabajadores de videopubs, enviando mensajes intimidatorios con fotografías de armas.

El Ministerio Público destacó que estas sentencias forman parte de una serie de acciones judiciales que buscan frenar la extorsión en la región y proteger a los comerciantes locales.

“La Fiscalía de Talara logró condenas de 23 y 15 años de prisión para dos extranjeros por los delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones. Este despacho fiscal ha logrado también otras dos condenas por el delito de extorsión”, compartió la entidad en sus redes sociales

La intervención de la Fiscalía, liderada por la Dra. Nardith Chiguala Rodríguez, permitió recopilar pruebas contundentes para demostrar la participación de los imputados en los delitos. La coordinación con la Policía fue clave para identificar a los responsables y detenerlos, asegurando que no continuaran afectando a la comunidad. La sentencia obtenida este año representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión en la región.

Detalles de las penas impuestas a los acusados

La fiscal Nardith Chiguala presentó los elementos de prueba ante el juzgado penal colegiado supraprovincial de Sullana, logrando que Rahiber Gabriel Barrientos Flores recibiera una condena de 15 años y 10 meses por extorsión agravada en grado de tentativa. Además, deberá pagar cinco mil soles como reparación civil a favor de las víctimas, consolidando la respuesta judicial frente a los hechos cometidos.

Por su parte, Jhon Luis Tovar Tovar fue condenado a 23 años de prisión. De estos, 15 años y 10 meses corresponden a extorsión agravada y ocho años a tenencia ilegal de municiones. Además, se ordenó el pago de cinco mil soles por extorsión y 1.500 soles por la posesión ilegal de municiones como reparación civil. Los sentenciados cumplirán su pena en el Establecimiento Penitenciario designado por la autoridad administrativa.

La sentencia refleja la gravedad de los delitos cometidos y la importancia de la justicia para proteger el patrimonio y la seguridad pública. La Fiscalía destacó que la investigación permitió esclarecer la participación de cada implicado y garantizar que se responsabilice a los verdaderos autores de los hechos delictivos.

Extorsionadores del Tren de Aragua sembraron terror en Talara, hoy están tras las rejas

Los sujetos, quienes se identificaban como miembros del Tren de Aragua, utilizaban mensajes de WhatsApp y fotografías de armas para generar temor en sus víctimas. Sus objetivos eran principalmente propietarios y trabajadores de videopubs en Talara, con la intención de extorsionarlos y obligarlos a entregar dinero bajo amenazas. La estrategia delictiva demostraba un patrón sistemático de intimidación y coerción durante 2024.

La fiscal Nardith Chiguala Rodríguez detalló cómo operaban los imputados y cómo buscaban infundir miedo entre sus víctimas.

“Desde el mes de febrero del 2024 venían enviando mensajes por WhatsApp a las víctimas, quienes eran propietarios, administradores y trabajadores de videopubs que funcionan acá en la ciudad de Talara. Ellos, con la finalidad de causar mayor temor en las víctimas, no solamente remitían estos mensajes, sino también fotografías en donde aparecían armas”, relató la fiscal.

Una tercera persona implicada, identificada con las iniciales N.P.V.R., también estuvo bajo investigación y prisión preventiva, pero finalmente fue absuelta de la medida coercitiva. Esto evidencia que la Fiscalía logró diferenciar con precisión la participación de cada implicado, asegurando que las medidas judiciales se aplicaran de manera justa y proporcional.

Adicionalmente, se confirmó la responsabilidad de los sentenciados mediante pruebas técnicas, incluida una prueba de absorción atómica que determinó que uno de los sujetos había efectuado disparos relacionados con los hechos investigados. La coordinación entre el Ministerio Público y la Policía permitió esclarecer los delitos, identificar a los autores y garantizar que se aplicara la justicia con base en evidencia concreta y verificable.