Congreso busca que privados instalen y operen cámaras “sin fines de lucro” en distritos

Una nueva iniciativa contra la delincuencia ha sido presentada en el Congreso de la República. Se trata de un proyecto de Fuerza Popular, que tiene como autora a la congresista Nilza Merly Chacon Trujillo, el cual promueve que las empresas privadas instalen y operen cámara de videovigilancia urbana mediante un nuevo tipo de convenio, pero sin ganancias directas para estas.

La propuesta “Ley que promueve la participación del sector privado en los proyectos de videovigilancia urbana, mediante convenios de colaboración público-privada sin fines de lucro” busca que estas empresas, voluntariamente, accedan a ser parte de la estrategia del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadanas.

Para esto, se promoverán la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional público-privada sin fines de lucro con gobiernos locales, para la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia urbana, sin generar obligaciones de gasto público. ¿El incentivo? “Las empresas que participen en este régimen podrán difundir su contribución en el marco de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial”, aclara el texto.

Privados instalarían y operarían cámaras

La medida planteada por Fuerza Popular tiene como finalidad ampliar la cobertura de videovigilancia en espacios públicos urbanos mediante la cooperación entre los sectores público y privado, “optimizando la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con la seguridad ciudadana, tales como la comisión de ilícitos, alteraciones del orden público o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas y los bienes”.

Así, se crearía un “régimen especial de colaboración no reembolsable”, basado en convenios de colaboración interinstitucional público – privado celebrados entre los gobiernos locales y personas jurídicas de derecho privado. Es decir, entre municipalidades y empresas.

Esto convenios involucrarían lo siguiente:

• Instalación y puesta en funcionamiento de cámaras y equipos tecnológicos asociados a la videovigilancia
• Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas implementados de videovigilancia
• Transmisión segura y continua de imágenes hacia las centrales de monitoreo distrital de videovigilancia
• Reposición tecnológica de equipos obsoletos o inoperativos.

Asimismo, las cámaras estarían colocadas en “zonas urbanas con alta concentración de actividades económicas, elevado tránsito peatonal, o alta incidencia delictiva”. Esto pueden ser parques industriales, centros comerciales y mercados de gran afluencia, urbanizaciones cerradas y condominios, así como sectores identificados como vulnerables según reporte del Ministerio del Interior.

¿Y qué gana la empresa privada?

Además, de poder tener la vigilancia autorizada por el Estado en diferentes partes del país, las empresas privadas tendrán los siguientes incentivos para poder realizar estas colaboraciones —ninguno involucra ganancia alguna, por lo que el régimen se detalla como “sin fines de lucro”—:

• Las empresas que participen en este régimen podrán difundir su contribución en el marco de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial
• Las municipalidades y/o el Ministerio del Interior podrán otorgar la certificación de ‘Buen Ciudadano Corporativo’ a las empresas colaboradoras
• Los lineamientos y criterios para el otorgamiento de estos incentivos serán aprobados por el Ministerio del Interior en coordinación con los gobiernos locales.

De igual manera, se creará el Registro Nacional de Colaboradores para Videovigilancia Urbana, de carácter público y actualizado, a cargo del Ministerio del Interior, que incluye la información de los convenios firmados con los gobiernos locales.

Y también las municipalidades publicarían en sus portales institucionales los convenios de colaboración interinstitucional suscritos, las certificaciones otorgadas y los informes de ejecución correspondientes.