La extorsión a una directora escolar en San Juan de Lurigancho (SJL) obligó a la suspensión temporal de clases presenciales en la institución educativa nacional Micaela Bastidas, ubicada en el asentamiento humano Cruz de Motupé. El hecho ocurrió tras la exigencia de un pago de veinte mil soles por parte de la banda criminal La Batería de Loco Aaronni, que amenazó con atentar contra los estudiantes y familiares de la directiva. La docente, identificada por la comunidad local como líder de la escuela, decidió renunciar y denunciar el caso ante las autoridades, generando incertidumbre entre docentes, padres de familia y alumnos.
Amenazas directas y clima de zozobra
A través de un mensaje, los extorsionadores exigieron a la directora veinte mil soles en un plazo de veinticuatro horas. El texto advertía sobre posibles ataques y detallaba: “Señora directora del colegio Micaela, te habla la organización La Batería del Loco Aaronni para pedir una colaboración de veinte mil soles para la tranquilidad suya y la de sus alumnos. Le voy a dar veinticuatro horas. Si no, tocaré la puerta de cada uno de su familia y comenzará el charco de sangre”. El mensaje estuvo acompañado de fotografías de los familiares de la docente, según relataron miembros de la comunidad educativa.
La amenaza incluyó la posibilidad de detonar un explosivo durante el horario escolar, una situación que generó preocupación entre los padres. Una madre de familia expresó a Panamericana Noticias: “Nos preocupa bastante. No sabemos si en cualquier momento puede pasar algo”. Otra madre agregó: “Mandamos a nuestros niños, no están seguros. Si hacen algo, está dentro de su cargo”.
Clases interrumpidas y retorno obligado
A partir de las amenazas, la escuela optó por continuar las clases en modalidad virtual durante varios días, mientras la investigación policial avanzaba y la comunidad escolar esperaba condiciones para retomar la presencialidad. “La semana pasada, lunes y martes, y el miércoles vinieron ya”, comentó una madre sobre la fluctuación de las clases.
El reciente regreso a las aulas presenciales ocurrió tras la decisión de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05, que dispuso el retorno a la normalidad académica. La presencia policial en las inmediaciones del colegio se limitó a un solo agente durante algunas horas, según lo observado durante el lunes posterior a la reanudación de clases. Registró su visita en el cuaderno de control ciudadano dispuesto para tal fin. Algunos miembros del serenazgo municipal también patrullaron la zona, aunque los padres consideraron insuficiente la seguridad provista.
Inseguridad en las escuelas nacionales y antecedentes de extorsión
San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor población escolar de Lima, enfrenta una creciente ola de amenazas y extorsiones vinculadas a organizaciones criminales. Este caso reciente en una escuela pública marca un nuevo episodio de violencia que antes había alcanzado, principalmente, a colegios particulares de Lima. En marzo de este año, centros privados también debieron suspender actividades presenciales tras recibir amenazas similares, lo que ocasionó una crisis en la modalidad educativa y protestas de la comunidad afectada. Las extorsiones obligaron a decenas de directores a mantener la virtualidad y demandar mayor resguardo, como se reflejó en informes de organizaciones civiles y educativas.
El grupo delictivo La Batería de Loco Aaronni ya venía siendo señalado por detonaciones de explosivos en otras escuelas y por extorsionar a negocios locales en SJL. El temor a nuevos ataques se mantiene entre las familias, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias de seguridad sostenidas para proteger a los estudiantes: “Queremos más seguridad, más policías que vigilen la entrada y la salida de los alumnos”, pidió una madre de familia a la salida del colegio.
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