La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada del miércoles un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, una medida que podría ubicar al país como el tercero en América Latina en permitir la muerte asistida, después de Colombia y Ecuador. La decisión fue tomada en una sesión en Montevideo, donde el proyecto obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo requerido de 50 de los 99 escaños. El texto ahora debe ser revisado por el Senado, cuya ratificación es el último paso para la entrada en vigencia de la nueva normativa.
En Perú, una iniciativa legislativa con objetivos similares avanza en el Congreso de la República. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal mediante la inclusión del artículo 112-A, dedicado específicamente a la eutanasia. El texto, registrado oficialmente en el Congreso, detalla los requisitos legales y médicos que permitirían a los profesionales de la salud practicar la eutanasia sin incurrir en delito de homicidio.
De acuerdo con la propuesta de Flores Ancachi, la eutanasia solo quedaría exenta de sanción penal si el procedimiento es realizado por un médico con licencia y se cumplen todas las condiciones estipuladas. Entre los puntos clave del proyecto figura la obligación de que el paciente padezca una enfermedad terminal o una condición médica grave y persistente que genere sufrimiento intenso. Además, el consentimiento debe ser expreso, libre e informado, formalizado en un documento firmado ante notario o autoridad competente.
La propuesta también exige la evaluación previa de un comité ético conformado por un médico especialista, un psicólogo o psiquiatra y un abogado, encargados de certificar la autonomía de la decisión del paciente. Una segunda opinión médica independiente debe ratificar el diagnóstico y la capacidad del paciente para decidir. El proceso, según el proyecto, solo puede realizarse en establecimientos de salud autorizados y bajo supervisión estatal. Si algún requisito no se cumple, la eutanasia será considerada delito de homicidio.
Al cierre de esta nota, el sitio web del Congreso de la República señalaba que la propuesta de Flores Ancachi había llegado a manos de la Comisión de Constitución y Reglamento a un día de su presentación. Desde el 23 de mayo de este año hasta la fecha no se conoce mayores avances sobre la iniciativa. Como se sabe, esta semana se han instalado los nuevos grupos de trabajo en el Parlamento.
Históricos antecedentes
En Perú, solo existen dos precedentes documentados de eutanasia: los de Ana Estrada y María Benito, cuyas historias abrieron el debate sobre el derecho a una muerte digna en el país.
Ana Estrada, psicóloga, padecía polimiositis, una enfermedad degenerativa y progresiva que la mantuvo postrada durante años y dependiente de ventilación asistida. Tras una larga batalla judicial, logró que el Poder Judicial reconociera su derecho a acceder a la eutanasia, sin que los profesionales de la salud que participaran en el procedimiento fueran penalmente responsables. Su caso, ejecutado en abril de 2024, sentó jurisprudencia y permitió, por primera vez en el país, que una persona pudiera elegir el momento y las condiciones para poner fin a su sufrimiento por medio de una intervención médica supervisada.
El segundo caso corresponde a María Benito, quien enfrentó un diagnóstico terminal de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Benito también solicitó la eutanasia y su proceso legal se basó en los lineamientos establecidos por el caso Estrada. El Estado peruano autorizó el procedimiento bajo estrictos controles médicos y éticos, velando por el respeto del consentimiento informado y la autonomía de la paciente.
Ambos hechos generaron debates en la sociedad civil, el Congreso y la comunidad médica, situando a Perú entre los países de la región que, de manera excepcional, han permitido la eutanasia como respuesta jurídica y ética ante enfermedades incurables que provocan sufrimiento irreversible.
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