El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, fue consultado este miércoles respecto a la prisión preventiva por cinco meses dictada contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con el fin de evitar que eluda una eventual sentencia en el proceso por cohecho pasivo propio, relacionado con supuestos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
En una conferencia posterior al Consejo de Ministros, un periodista le pidió su parecer sobre el impacto político generado por esta medida cautelar, que llevará al exgobernante al penal de Barbadillo, donde también se encuentran los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), sentenciado por lavado de activos, y Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su intento fallido de disolver el Congreso.
Durante la intervención, el reportero mencionó además a la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta acusaciones que podrían culminar en un proceso judicial. “Nuestra opinión va a ser en función de la realidad y no sobre hipótesis”, respondió inicialmente Arana.
“En ese sentido, consideramos desde el Ejecutivo que las decisiones que el Poder Judicial expida deben ser cumplidas en el marco de lo que la propia Constitución señala”, añadió.
La comparecencia ante los medios comenzó pocos minutos después de que el juez Jorge Chávez Tamariz leyera la resolución, luego de escuchar la exposición del fiscal Germán Juárez, quien detalló pagos por 2,3 millones de soles efectuados por empresas beneficiadas con las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua, según solicitud del entonces titular regional.
El magistrado de primera instancia determinó la existencia de riesgo procesal y posibilidad de fuga, al señalar que el exjefe de Estado carece de arraigo familiar y laboral, pues su esposa, Maribel Díaz, y su hijo menor residen en otra localidad. Además, uno de los contratos laborales presentados fue calificado como “cuestionable”, ya que la firma involucrada es dirigida por su esposa y tiene como accionistas a sus hijas.
Asimismo, afirmó que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito para dictar su prisión preventiva por el nivel de sospecha grave.
Acusación
Según el Ministerio Público, Vizcarra solicitó supuestamente una comisión del 2 % sobre el contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, petición que se materializó en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, registrados como préstamos en los libros contables de la empresa Obrainsa, beneficiaria de la adjudicación.
En el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, de acuerdo con la tesis, el exgobernante condicionó la adjudicación al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares). La última entrega ocurrió presuntamente en 2016, cuando ya ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y era vicepresidente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en 2018.
En ese contexto, la Fiscalía explicó que esta medida de coerción busca someterlo a un proceso penal, en el cual se solicita una pena de 15 años de prisión.Un
Concluida la lectura del fallo, un grupo de simpatizantes de Perú Primero, partido fundado por Vizcarra, se congregó este miércoles en los exteriores del Poder Judicial para expresar su rechazo a la decisión.
Las cámaras de Canal N captaron a varias personas que lloraron y gritaron frases como “Vizcarra es inocente” y “¡Los culpables siguen libres!”. Las mismas imágenes mostraron a otros presentes en laCorte Superior Nacionalcon mensajes como “No es justo”, “Vizcarra, amigo, el Perú está contigo” y “Martín Vizcarra quiere hacer cambios en el país y no lo dejan”. Además, portaban un cartel que decía “No a la persecución política”.
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