El Día del Juez y la Jueza se conmemora en el Perú cada 4 de agosto. La fecha remite a la creación de la Alta Cámara de Justicia por el Libertador José de San Martín en 1821, acto que marcó el inicio de la organización del Poder Judicial en la República.
Posteriormente, en 1971, el gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado oficializó la efeméride mediante el Decreto Ley 18918. Desde entonces, cada año las Cortes Superiores desarrollan actos solemnes para destacar la importancia de magistrados y magistradas en la administración de justicia y en la construcción del Estado de derecho.
El origen histórico
El 4 de agosto de 1821, pocos días después de proclamarse la independencia, José de San Martín instituyó en Lima la Alta Cámara de Justicia. Este órgano reemplazó a la Real Audiencia española y se convirtió en el antecedente más remoto de la Corte Suprema de Justicia de la República.
La Alta Cámara estuvo conformada por un presidente, ocho vocales y dos fiscales, uno para causas civiles y otro para causas penales. Su creación respondió al propósito de centralizar la administración del nuevo Estado y garantizar que la justicia fuera ejercida con independencia.
San Martín dejó constancia de su decisión de no interferir en las labores judiciales. Afirmó que “la independencia del Poder Judicial es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”, reforzando así la necesidad de desvincular la justicia de presiones políticas.
El establecimiento de la Alta Cámara de Justicia se sumó a otras medidas adoptadas en la época, como la creación del departamento de Trujillo y de la Cámara de Apelaciones con sede en esa ciudad el 12 de febrero de 1821, lo que ayudó a estructurar el territorio de la nueva República.
La oficialización en 1971 por el gobierno militar
El Día del Juez y la Jueza fue institucionalizado en 1971 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado mediante el Decreto Ley 18918. La norma, publicada el 3 de agosto de ese año, fijó el 4 de agosto como la fecha oficial de conmemoración en homenaje al acto fundacional de San Martín.
La decisión se tomó con el objetivo de dignificar a la magistratura nacional y promover la cultura jurídica en el país. Además, dispuso que cada año las Cortes Superiores de Justicia realizaran sesiones solemnes para recordar a los magistrados que contribuyeron de manera ejemplar a la administración de justicia.
No obstante, el contexto de la oficialización estuvo marcado por tensiones. Apenas dos años antes, en 1969, el propio régimen de Velasco había destituido a los magistrados de la Corte Suprema mediante el Decreto Ley 18060 y designado directamente a sus reemplazantes.
Ese mismo gobierno creó y controló el Consejo Nacional de Justicia, organismo que, lejos de garantizar independencia, terminó debilitando la autonomía del Poder Judicial y politizando el nombramiento de jueces. Estas contradicciones revelaron la compleja relación entre el poder político y la magistratura.
Los retos históricos del Poder Judicial
A lo largo de la historia republicana, la independencia judicial ha enfrentado grandes desafíos. La injerencia del Ejecutivo y los periodos de militarismo de los siglos XIX y XX afectaron la autonomía del Poder Judicial. Estas tensiones derivaron en situaciones en las que el sistema de justicia fue utilizado como instrumento de los gobiernos de turno.
El Decreto Ley 18918 buscó fijar un estándar alto. Además de establecer la fecha conmemorativa, exigía que las ceremonias del 4 de agosto resaltaran el trabajo de magistrados que hubieran aportado a la cultura jurídica y a la emancipación social, política y económica del país.
Sin embargo, la judicatura peruana ha sido cuestionada históricamente por problemas de corrupción, ineficiencia y vulnerabilidad frente a presiones externas. Estos factores han deteriorado la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.
A pesar de ello, el Poder Judicial también ha contado con magistrados y magistradas que marcaron un precedente. Algunos, como Antonia Esther Saquicuray Sánchez, quien declaró inaplicable una ley de amnistía en el caso Barrios Altos, o Inés Villa Bonilla, que enfrentó casos de corrupción complejos, son ejemplos de resistencia frente a injerencias políticas.
Magistrados y magistradas que dejaron huella
El Día del Juez y la Jueza es también un espacio para recordar a quienes, a través de su labor, fortalecieron el sistema judicial. Figuras como el fiscal supremo Guillermo Seoane, el vocal de la Corte Suprema Domingo García Rada y Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, primer Fiscal de la Nación, fueron reconocidas por su integridad.
Estos magistrados, y otros más, demostraron independencia de criterio y ética en contextos adversos. Su compromiso con la justicia se convirtió en ejemplo para nuevas generaciones.
Cada 4 de agosto, las ceremonias conmemorativas organizadas por las Cortes Superiores de Justicia buscan mantener viva esa tradición. Más allá del homenaje, la fecha reafirma la importancia de un Poder Judicial autónomo, capaz de proteger los derechos ciudadanos y de ejercer sus funciones sin interferencias externas.
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