
En medio del impulso a la masificación del gas natural en las regiones andinas del país, la región Puno podría convertirse en un actor clave en el nuevo mapa energético del Perú. Con el respaldo del Gobierno y el interés de la inversión privada, el yacimiento de gas natural de Candamo, con reservas estimadas en 3 TCF (trillones de pies cúbicos), se proyecta como una oportunidad estratégica para transformar la matriz energética del sur peruano.
Durante una reciente reunión entre el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, y el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, se reafirmó el compromiso de trabajar por el desarrollo sostenible de la región a partir de sus recursos energéticos. Candamo, ubicado a solo 41 kilómetros de la carretera Interoceánica, representa no solo una fuente de energía limpia y asequible, sino también una oportunidad de desarrollo económico y social para las comunidades del altiplano.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó que Puno forma parte de la cuenca Madre de Dios, una de las zonas con mayor potencial gasífero del país. Esta región, que aún no ha explotado plenamente sus recursos energéticos, podría integrarse al sistema nacional de gas natural gracias al trabajo conjunto con Proinversión, que brinda soporte técnico a iniciativas en siete regiones del centro y sur del Perú.
Masificación del gas en Puno: infraestructura, inversión y beneficios sociales

Uno de los primeros pasos concretos hacia este objetivo será una visita técnica al centro poblado de Jayllihuaya, donde se evalúa la instalación de infraestructura básica para gas natural. Esta incluye la construcción de una Planta Satélite de Regasificación de Gas Natural Licuado, cinco kilómetros de redes de distribución y cerca de 1.000 conexiones domiciliarias en su primer año de operación, según informó la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas.
En paralelo, se viene promoviendo la participación de la empresa privada para llevar adelante los proyectos de exploración y desarrollo, con enfoque en el uso de tecnología moderna, respeto a las comunidades locales y cuidado del medioambiente. La articulación entre Estado, empresas y población será clave para garantizar un modelo de desarrollo con impacto positivo.
Programas sociales como Bonogas también juegan un rol fundamental en esta etapa. Este subsidio estatal cubre parte del costo de instalación del servicio de gas natural para familias vulnerables, facilitando el acceso a una fuente de energía más limpia y económica en hogares que, hasta ahora, dependen de combustibles contaminantes y costosos. El gobernador Hancco resaltó que este tipo de iniciativas permiten avanzar con mayor equidad y cerrar brechas históricas en el altiplano peruano.
Canon de hidrocarburos inyecta S/836 millones a seis regiones en lo que va del 2025

La producción de gas y petróleo en el Perú continúa siendo una fuente clave de ingresos para el desarrollo regional. Según datos oficiales de PERUPETRO S.A., entre enero y abril de 2025 se transfirieron 836 millones de soles en concepto de canon y sobrecanon de hidrocarburos a seis regiones productoras: Cusco, Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en Huánuco. Estos recursos tienen como destino prioritario la ejecución de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de miles de peruanos.
Del total transferido, Cusco lidera el reparto con 568 millones de soles, gracias a su destacada producción en la zona. Le siguen Piura con 117 millones, Loreto con 91 millones, Tumbes con 34 millones, Ucayali con 23,6 millones y Puerto Inca con 2,3 millones de soles. Esta distribución beneficia directamente a gobiernos regionales y locales, así como a universidades públicas e institutos tecnológicos, quienes deben emplear estos fondos en obras que generen impacto directo en sus comunidades.
Desde el año 1993, el canon de hidrocarburos ha significado para el Perú un acumulado superior a 44.830 millones de soles, una cifra que refleja el peso de la industria extractiva en la economía nacional. PERUPETRO subraya que estos fondos deben utilizarse bajo criterios de sostenibilidad y equidad, priorizando iniciativas que promuevan el desarrollo territorial con enfoque en educación, salud, infraestructura básica y fortalecimiento científico a través de instituciones académicas.
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