La situación de la presidenta Dina Boluarte podría complicarse aún más. Al pedido de vacancia por el escandaloso Caso Cofre y el presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón —plasmado en el informe de la Comisión de Fiscalización— se suma una nueva solicitud: esta vez, por no haber informado al Congreso sobre la operación estética a la que se sometió en la nariz.
Pero los cuestionamientos en el Congreso no son los únicos que enfrenta. A la investigación ya abierta por abandono de cargo en la Fiscalía de la Nación, podría sumarse una nueva línea que incluiría presuntos delitos como omisión de funciones y falsificación de documentos.
Sin duda, la carta notarial enviada por la Clínica Cabani Rejuvenecimiento y Estética no solo confirmó lo que ya era un secreto a voces —que las intervenciones quirúrgicas no respondían a una urgencia médica—, sino que reveló otras posibles irregularidades, como el uso de documentos con firmas presuntamente falsificadas.
Para el abogado penalista Andy Carrión, esto podría llevar a que la presidenta sea investigada por los delitos de falsificación y omisión de funciones. En declaraciones a Canal N, el letrado explicó que el principal cargo que enfrenta Dina Boluarte es el de haberse ausentado del cargo mientras era intervenida quirúrgicamente.
En la carta remitida por la clínica, el cirujano señala que la operación tuvo una duración mayor a dos horas. A ello se suman las 48 horas que la mandataria permaneció internada, periodo en el que, además, no recibió ninguna visita.
“Podría implicar, por ejemplo, el delito de falsificación, que es el más importante que ahora se podría investigar y, por otro lado, también la omisión de funciones, es decir, hasta dónde alcanzó esa omisión por parte de la presidenta para el ejercicio propio del cargo”, comentó Carrión.
Mario Cabani: ¿De testigo a investigado?
Otra posible irregularidad que podría investigarse es el presunto intercambio de favores, una acusación que ya alcanza al médico Mario Cabani, quien podría pasar de testigo clave a investigado.
Como se recuerda, durante las indagaciones del caso Cirugías, diversas investigaciones periodísticas revelaron correos, presuntamente entre el médico y la presidenta Dina Boluarte, en los que él solicitaba el nombramiento de personas de su confianza en puestos clave del Estado.
La denuncia tomó mayor fuerza tras la difusión de los audios de Patricia Muriano, exasistenta personal de la mandataria. En la grabación, Muriano afirma que Cabani no cobró por las cirugías realizadas a Boluarte, sino que, a cambio, pidió que sus allegados accedieran a cargos públicos. Uno de los recomendados sería María Elena Aguilar, quien llegó a ser presidenta ejecutiva de EsSalud.
Frente a estos hechos, el abogado penalista Andy Carrión considera que podría configurarse el delito de cohecho.
“En el transcurso de la investigación, se han filtrado algunos correos electrónicos en los cuales el propio médico Cabani supuestamente habría recomendado algunos funcionarios públicos para que ejerzan precisamente ese rol en el Estado. Yo creo que, a tenor de estas evidencias, es que está colaborando con la justicia, de cara a que quizás pueda acceder a algún tipo de beneficio, si es que la Fiscalía se anima a investigar el delito de cohecho, es decir, el intercambio de favores”, agregó.
Dina Boluarte vs. Mario Cabani
El enfrentamiento entre el cirujano Mario Cabani y la presidenta Dina Boluarte comenzó una vez que se levantó el secreto profesional. Tras la autorización del Poder Judicial para que el médico declare sobre los procedimientos estéticos realizados a Boluarte Zegarra, se desató una guerra abierta entre ambos.
Después de acudir a la Fiscalía, Cabani ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, lo que generó el rechazo de la mandataria. Como respuesta, Boluarte le envió una carta notarial para recordarle que solo podía declarar en el fuero judicial.
Lejos de quedarse callado, el cirujano contraatacó con otra carta notarial dirigida a la presidenta, en la que, además de exigirle que diga la verdad, la acusó de nuevas irregularidades, como el retraso en el pago por los servicios médicos y el retiro no autorizado de su historia clínica.
La respuesta del Ejecutivo ante este nuevo escándalo fue el silencio. Ni la presidenta ni sus ministros han emitido declaraciones al respecto.
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