La justicia determinó este martes una condena de ocho años de prisión efectiva contra Gabriel Prado Ramos, quien se desempeñó como gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán. El fallo fue dictado tras acreditarse que se apropió de recursos públicos asignados a la atención de una emergencia en la capital.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Prado se quedó con dinero que debía emplearse en la asistencia de las familias afectadas por el incendio ocurrido en enero de 2012 en el centro de rehabilitación informal “Dios es Amor”, en San Juan de Lurigancho, donde murieron más de una veintena de personas. El caso fue resuelto por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
El dinero era para los ataúdes y traslados
Las pesquisas revelaron que el exfuncionario recibió 20 mil soles provenientes de la Municipalidad de Lima y la Fundación Lima, destinados específicamente a cubrir los gastos funerarios de las víctimas del siniestro, que incluían la compra de ataúdes, el transporte de los cuerpos y el apoyo logístico a los deudos. Los fondos fueron entregados mediante dos cheques a nombre del entonces gerente.
Sin embargo, los investigadores constataron que el dinero no fue utilizado para el fin establecido y que Prado se lo apropió, incumpliendo las funciones inherentes a su cargo. La fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucañay Arenas, a cargo del caso, sustentó que se trató de un acto de peculado doloso agravado, ya que el imputado tenía plena responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos.
Fallo judicial incluye inhabilitación y reparación civil
El Poder Judicial dictaminó además que Gabriel Prado deberá pagar una reparación civil de 26 mil soles a favor del Estado, de los cuales 20 mil soles corresponden al perjuicio económico directo y 6 mil soles al daño moral causado por la apropiación ilícita de los fondos. Esta sanción busca resarcir tanto la pérdida financiera como el impacto institucional provocado por el delito.
Como parte de la sentencia, también se dispuso la inhabilitación del exfuncionario por un periodo de ocho años, lo que le impedirá ejercer cargos públicos en cualquier nivel del Estado. Esta medida responde al principio de prevención y busca evitar que personas condenadas por corrupción regresen al servicio público.
Fiscal Ucañay: “Se afectó a una población en situación de extrema vulnerabilidad”
Durante el juicio oral, la fiscal Ucañay recalcó la gravedad del delito, al tratarse de fondos dirigidos a familias que atravesaban una situación de emergencia humanitaria. “No se trataba de un gasto cualquiera. Era dinero asignado para responder a una tragedia que dejó a muchas personas sumidas en el dolor”, afirmó la representante del Ministerio Público ante el tribunal.
La sentencia fue emitida por unanimidad y valoró los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad penal del acusado. La Fiscalía destacó que este caso refleja la necesidad de sancionar con firmeza a quienes abusan del poder que se les confiere, especialmente en contextos donde la ayuda del Estado es urgente y vital.
Un caso ocurrido bajo la gestión de Susana Villarán
El caso de Gabriel Prado se remonta al año 2012, cuando formaba parte del equipo de confianza de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Desde el cargo de gerente de Seguridad Ciudadana, tuvo acceso a recursos públicos destinados a enfrentar situaciones críticas como desastres o tragedias colectivas.
La apropiación del dinero se produjo luego del incendio que consumió el local del centro “Dios es Amor”, donde decenas de jóvenes con problemas de adicción fallecieron atrapados entre candados y rejas. El hecho generó conmoción nacional y provocó una serie de medidas municipales para atender a los familiares, entre ellas la entrega de apoyo económico para cubrir los sepelios.
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