Una propuesta legislativa que busca “fortalecer la justicia” amenaza con criminalizar a quienes denuncien violencia familiar. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley N.º 11663/2025-CR, que plantea incorporar el artículo 402-A al Código Penal para sancionar con cárcel a quienes presenten “denuncias falsas” en casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.
La norma también castiga con las mismas penas a policías, abogados, psicólogos, peritos y médicos legistas que participen en un proceso de este tipo si se considera que “simularon o adulteraron” pruebas. Sin embargo, surge la siguiente pregunta: ¿quién define si una denuncia fue falsa o si se adulteró una prueba? El texto no lo precisa.
Hasta 6 años de cárcel por “denuncia falsa”
El proyecto establece que quien “a sabiendas de la inexistencia del hecho denunciado” presente una denuncia de violencia familiar para obtener beneficios como medidas de protección, tenencia de hijos o afectar la reputación del agresor, será castigado con penas de entre 3 y 6 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
Pero la iniciativa va más allá. Propone modificar la Ley 30364 —ley vigente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer— para que quien se acoja al derecho de guardar silencio o retire la denuncia durante el proceso incurra en responsabilidad penal y/o civil.
Este detalle es especialmente grave, considerando que muchas mujeres optan por guardar silencio por miedo, presión o amenazas, especialmente cuando dependen económicamente del agresor o tienen hijos en común.
¿Una justicia que persigue a las víctimas?
Muñante justifica su propuesta señalando que “si entre 2018 y 2023 hubo más de 800 mil denuncias por violencia familiar, pero solo 354 condenas, algo no cuadra”. Sin embargo, esta afirmación ignora la realidad de un sistema judicial colapsado, con escasos fiscales especializados, falta de enfoque de género y demoras estructurales en la tramitación de casos.
Además, según el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer, en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 65 feminicidios, siete de los cuales involucraban a mujeres que ya habían presentado denuncias. Otras seis decidieron separarse antes de ser asesinadas. Muchas más no llegaron a denunciar nunca.
¿Quiénes impulsan el proyecto?
El proyecto lleva las firmas de congresistas de la bancada de Renovación Popular, todos con un historial de posiciones ultraconservadoras: Milagros Jáuregui, Miguel Ciccia, Esdras Medina, Jorge Zeballos, Patricia Chirinos, Cheryl Trigoso, Norma Yarrow y Noelia Herrera. Varios de ellos han sido críticos del enfoque de género y promotores de propuestas contrarias a la autonomía de las mujeres.
En su exposición de motivos, Muñante sostiene que la Ley 30364 ha generado una “violencia legal contra el hombre” y que muchas denuncias de mujeres se usan como “mecanismo de chantaje” o “arma legal”. Acusa incluso a operadores de justicia —como jueces, fiscales o peritos— de actuar “con complicidad” frente a este “uso desviado” de la ley.
Estas afirmaciones no solo carecen de sustento técnico, sino que reproducen estereotipos machistas que invisibilizan la violencia estructural que sufren las mujeres y que ponen en duda automáticamente la veracidad de sus testimonios.
El impacto de la propuesta
De aprobarse, esta ley podría tener efectos alarmantes como desalentar la denuncia en casos reales de violencia, criminalizar a las víctimas que se retracten por miedo o dependencia económica, silenciar a profesionales que las acompañan durante el proceso y, por último, pero no menos importante, perpetuar la impunidad, al generar un mensaje de amenaza y desconfianza hacia quienes se atreven a hablar.
Todo ello en un contexto en que, según datos del MIMP, más del 70% de personas que reportan violencia en los Centros de Emergencia Mujer son mujeres, y donde el 77% de casos reportados no es la primera vez que ocurre la agresión, lo que revela una grave situación de violencia reiterada.
¿Qué busca realmente este proyecto?
Aunque el texto afirma que busca “proteger la reputación y los derechos de personas inocentes”, la iniciativa no establece cómo se prueba que una denuncia es falsa, ni quién toma esa decisión. Tampoco reconoce que muchas denuncias no prosperan no porque sean falsas, sino porque no se investigan adecuadamente o porque se archivan sin análisis profundo.
Además, el proyecto propone que basta con que la víctima se acoja al derecho a guardar silencio o retire la denuncia para que sea penalizada, lo cual es incompatible con el derecho al debido proceso y la no revictimización.
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