La obligatoriedad del uso del chaleco con el número de placa para motociclistas en Lima y Callao, así como otras disposiciones, continúa vigente, pero podría tener los días contados si prospera una reciente acción presentada ante el Poder Judicial. La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, respaldada por otros colectivos, presentó una demanda de acción popular que busca anular la norma impuesta por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 006-2025-MTC. El recurso legal ya fue admitido por la Corte Superior de Justicia de Lima y plantea que las exigencias actuales vulneran derechos constitucionales.
Mientras tanto, las disposiciones siguen aplicándose y los agentes de tránsito mantienen la fiscalización. Sin embargo, la acción judicial abre un camino para que un juez evalúe si estas medidas pueden considerarse inconstitucionales y, por lo tanto, quedar sin efecto en Lima Metropolitana y Callao. El caso está en curso y genera una creciente expectativa entre miles de motociclistas, quienes aseguran sentirse criminalizados por esta norma.
Luis Huamán, uno de los principales voceros del colectivo, fue enfático al explicar los motivos detrás de la demanda. “Ya puesta en vigencia esta normativa, el día (viernes) 23 hemos presentado nosotros ya la acción popular, que es una acción legal en las cuales estamos denunciando a la presidenta, a los ministros del Interior y de Transportes”, sostuvo a Canal N. Según Huamán, el uso obligatorio del chaleco con la placa impresa en la espalda no solo resulta incómodo, sino que afecta su dignidad.

Para el gremio de motociclistas, este tipo de regulaciones son una forma de discriminación. “Ahora somos más vulnerables. Ya está sucediendo lo que habíamos comentado antes de esta normativa que entra en vigencia: está sucediendo y no hay que permitir que siga sucediendo más y que más ciudadanos inocentes sean catalogados como delincuentes”, declaró Huamán.
El argumento central gira en torno a que esta medida no distingue entre ciudadanos de bien y personas que usan la motocicleta para delinquir, estigmatizando a todo un sector de trabajadores y usuarios que se desplazan en estos vehículos de dos ruedas por necesidad.
¿Solución o problema mayor?
Desde su promulgación, el Decreto Supremo 006-2025-MTC ha generado resistencia. La normativa exige que todos los motociclistas lleven chalecos reflectivos con la placa del vehículo visible, así como cascos que cumplan con estándares técnicos específicos. Las autoridades alegan que esto busca reducir delitos cometidos en motocicleta y mejorar la seguridad vial, pero los demandantes consideran que no existen pruebas de su efectividad.

“El delincuente siempre va a vivir en la ilegalidad. En este caso se disfraza de motociclista, se ha disfrazado ahora con chaleco, cumpliendo la normativa, y sin embargo no lo atrapan. Incriminan ahora a un inocente porque ha sido clonada su placa y eso es lo que está pasando y va a seguir pasando”, alertó Huamán.
Desde el gremio señalan que esta clase de medidas no ha frenado los delitos. En cambio, han aparecido nuevos problemas: ciudadanos sancionados injustamente, placas clonadas, chalecos falsificados y una sensación de persecución entre los motociclistas.
Sanciones siguen activas
A pesar del reclamo judicial, las sanciones por no portar el chaleco reglamentario siguen aplicándose en Lima. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció multas de 428 soles para quienes no cumplan con estas exigencias, además de la retención del vehículo y la pérdida de puntos en la licencia.
Las infracciones están clasificadas como G.59 (uso inadecuado de casco), G.68 y G.69 (por no portar el chaleco o tenerlo en condiciones no legibles). La medida está regulada por la Resolución Directoral N° 008 del MTC, que la respalda como parte de una política para mejorar la fiscalización del transporte menor y frenar el uso de motos en actividades delictivas.

“No fuimos escuchados”
Luis Huamán también expresó su malestar por la falta de diálogo con el gobierno. Según el dirigente, intentaron por varios medios acercarse a las autoridades antes de recurrir a instancias judiciales. “Cansados de la no participación de parte del gobierno en atender nuestra solicitud, ya que nosotros hemos tratado de conversar con ellos, dialogar, hacerle entender que esta no es la normativa adecuada y que nos perjudica”, sostuvo.
El malestar también tiene un componente simbólico. Para muchos motociclistas, portar una prenda con códigos visibles los convierte en blanco fácil de prejuicios. Desde su perspectiva, la norma los iguala a reclusos. “El derecho a la dignidad que como personas nosotros tenemos de no poder ser marcados, estigmatizados, discriminados y ahora incriminados también”, indicó Huamán.
Cabe remarca que el proceso judicial aún está en una etapa inicial, pero los colectivos de motociclistas no descartan otras acciones legales, como demandas de amparo o incluso pedidos de inconstitucionalidad. En paralelo, se están coordinando con organizaciones afines en otras regiones del país para extender esta presión.

Protesta nacional este 30 de mayo
Los diversos gremios agrupados de motorizados anunciaron recientemente que llevarán a cabo una protesta nacional este viernes 30 de mayo, desde las 9 de la mañana en Lima, Callao y regiones.
“Elviernes 30vamos a tener una movilización a las 9 de la mañana. Estamos convocando a todos los motociclistas a nivel nacional que hagan sentir su voz. Somos miles endos ruedasy miles con voz”, indicó José Barrera, vocero del gremio, en diálogo con Canal N.
En el caso de Lima Metropolitana, los manifestantes iniciarían su recorrido desde el Campo de Marte, en Jesús María, con la intención de pasar por el Ministerio de Justicia y llegar hasta la Plaza San Martín en el centro de la ciudad.
Constantes operativos
En las últimas horas se ha dado cuenta de diversos operativos que viene realizando el personal de la Policía Tránsito para verificar que los motociclistas cumplan con las nuevas disposiciones. Uno de los puntos donde se desplegó este control fue en los alrededores de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano, en el distrito de San Isidro.
Nancy Vizurraga, alcaldesa de esa jurisdicción, destacó la importancia de estas acciones preventivas, especialmente en un distrito con más de un millón de personas como población flotante. La funcionaria municipal reafirmó su compromiso de trabajar coordinadamente con la PNP.
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