La Fiscalía de la Nación presentó este viernes 16 de mayo una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado peruano.
Según la investigación, Boluarte habría incrementado de manera ilegal e injustificada su patrimonio personal entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024, periodo en el que ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y, posteriormente, como jefa de Estado.
La acusación fiscal sostiene que la mandataria adquirió joyas por un valor de 162 mil 250 dólares, registró un incremento injustificado de S/ 58,699.97 en sus cuentas bancarias y recibió depósitos de origen desconocido por un monto adicional de S/ 4,082.70.
Asimismo, se le imputa haber omitido deliberadamente en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, la posesión de bienes de lujo como dos relojes Rolex, valorizados en conjunto en 44 mil 465 dólares, además de otras joyas de alto valor.
Entre los elementos de convicción recopilados por el Ministerio Público figura un acta de entrega voluntaria de joyas suscrita por la propia Boluarte, un análisis pericial de las imágenes extraídas del portal oficial “Flickr” de la Presidencia que mostrarían las joyas utilizadas durante eventos internacionales, así como un peritaje contable que evidencia un incremento patrimonial no justificado.
“El funcionario público que abusa de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”, advierte la Fiscalía citando el artículo 401 del Código Penal.
El Ministerio Público también sostiene que la mandataria habría incumplido el deber de transparencia al omitir información relevante en sus declaraciones, acción tipificada como delito de omisión de consignar declaraciones en documentos según el artículo 429 del Código Penal, que contempla penas de uno a seis años de prisión.
La denuncia, tramitada a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, implica un nuevo proceso de alto impacto político que quedará en manos del Congreso de la República, encargado de evaluar si admite o archiva la acusación. Mientras tanto, la mandataria no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva denuncia.
Es la tercera denuncia en dos días
Esta es la tercera denuncia constitucional que se presenta contra la mandataria en tan solo dos días. El pasado 15 de mayo, la Fiscalía presentó dos acusaciones ante el Parlamento.
La primera acusación es por presunto delito de colusión agravada, debido al favorecimiento de Víctor Hugo Torres Merino, un amigo de la infancia del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte. Según la denuncia, Torres Merino fue contratado como proveedor de servicios en dos programas sociales del ministerio: el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), recibiendo pagos que suman alrededor de 47 mil soles.
La denuncia también señala que la propia presidenta defendió públicamente estas contrataciones, alegando que Torres Merino cumplía con el perfil requerido para las tareas que realizó. La investigación detalla que el proceso para contratarlo fue acelerado y con participación directa de funcionarios cercanos, incluyendo al vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien aprobó la contratación cuando era director de Recursos Humanos en Qali Warma. En declaraciones como colaborador eficaz, Torres Merino confirmó que, con la intervención de Nicanor Boluarte, fue favorecido para recibir pagos en ambos programas.
Horas después, se presentó una segunda denuncia contra Dina Boluarte y seis exministros de su gobierno (Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Angulo Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández) por el presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Según la acusación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas causaron la muerte de 75 personas en diversas regiones del país, hechos que habrían sido conocidos por los investigados.
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