Bonos extraordinarios para el Congreso en jaque. Ese es el mensaje de la nueva propuesta (PL 11012) que ha sido presentada el pasado lunes 5 de mayo en el Parlamento: el congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez tiene un nuevo proyecto de ley que busca “evitar el despilafarro de los recursos públicos”.
Este se formula como una respuesta ante algunas decisiones del mismo Congreso de la República con la entrega de bonificaciones extraordinarias a sus trabajadores, las cuales llevaron a controversias en los últimos años.
“Estas decisiones han involucrado la aprobación y entrega de diversos bonos de carácter ‘extraordinario’ a sus trabajadores, incluidos los congresistas, en un contexto económico marcado por la recesión y el déficit fiscal. Este escenario plantea cuestiones fundamentales sobre la gestión de los recursos públicos y la priorización del gasto público en el país”, detalla Anderson en la parte explicativa de su propuesta.
No más bonos extraordinarios
Si bien el texto de la iniciativa explica largamente en los ‘antecedentes’ de su exposición de motivos que esta propuesta tiene como origen los bonos extraordinarios que se han aprobado en el Congreso, propone una modificación a al decreto legislativo 1440, DL del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que afectan a más entidades además del Congreso.
Así, el artículo único propone la modificación de los artículos 36 y 48 del Decreto Legislativo 1440: Se agrega que “las modificaciones presupuestarias mencionadas no pueden ser destinadas a las siguientes partidas presupuestarias:
- 2.1.19.3 2/2.1.41.5 Bonificación adicional por vacaciones
- 2.1.19.3 10 Bonificación extraordinaria por reactivación económica
- 2.1.19.3 12 Bono excepcional por negociación colectiva centralizada
- 2.1.19.3 13 Otros bonos extraordinarios"
También agrega que “las modificaciones presupuestarias mencionadas no pueden ser destinadas a nuevas partidas presupuestarias similares a las ya mencionadas". Pero tampoco se permitirá autorizar “habilitaciones con cargo a los saldos identificados para las mismas partidas presupuestarias anteriores ni para nuevas partidas presupuestarias similares.
Es decir, la norma aplicaría para el Congreso, pero también para entidades como el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, todas las del Poder Ejecutivo y más.
Medida responde a bonos del Congreso
La propuesta considera que en el contexto de recesión económica y deterioro de las finanzas públicas, la decisión de la mesa directiva del Congreso de otorgar ‘bonos extraordinarios’ a sus trabajadores, incluidos los parlamentarios, planteaba serias preguntas sobre la priorización del gasto público y la gestión de los recursos del Estado. Entre los ejemplos de Anderson están los siguientes:
- A finales de abril del 2023, se dispuso una bonificación de S/ 9.900 para cada parlamentario y para el personal.
- “La gestión de la mesa directiva anterior no fue ajena a esta práctica, otorgando “bonos especiales extraordinarios” por un total de S/28.700, así como incrementos en diversas compensaciones y bonificaciones al personal del Congreso", señala Anderson.
- Para el año 2024, el “Convenio Colectivo del Periodo 2024-2025” estableció un nuevo bono extraordinario de S/5.150 para los trabajadores, lo que indicaba una continuidad en la política de bonos de “carácter extraordinario” en el Congreso. Sin embargo, esta política se profundizó con nuevas asignaciones aprobadas a finales de 2024 y principios de 2025
- En enero de 2025 se reveló que el Congreso había otorgado una bonificación extraordinaria de S/20.000 a todos sus trabajadores activos. Además, se incluyó además un aumento salarial del 15% para el personal activo y un incremento de S/200 en un bono extraordinario mensual
Pero el congresista Carlos Anderson agrega que “esta problemática no es particular del Congreso de la República (a pesar de que en esta institución sea más polémica), sino en todo el sector público, en solo el 2023, el presupuesto inicial (PIA) para la categoría presupuestal específica de ‘Otros bonos extraordinarios’ pasó de cero en todos los niveles del gobierno a un presupuesto modificado (PIM) total de S/458 millones 530 mil 15″.
“Esto es aproximadamente el 20% del presupuesto del Seguro Integral de Salud y el 89% del presupuesto del programa nacional ‘Cuna más’ durante el 2023. Mientras que, en el 2024, estas asignaciones se incrementaron en S/27 millones 719 mil 37 que no estaban presupuestados”, agrega.
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