
Al menos siete personas fueron asesinadas en Lima y Callao y otras ocho en provincias, ratificando así que este 2025 da luces de ser el año más mortífero por la ola delincuencial que atraviesa. Los asesinatos se desarrollaron solo en un lapso de 24 horas tras el anuncio del gobierno de Dina Boluarte de establecer un estado de emergencia en Lima y Callao, y solo horas después de entrar en vigencia, se produjo un asesinato más y otro atentado sicarial que ha dejado heridas de gravedad a dos personas.
La medida gubernamental se llevó a cabo el homicidio de Paul Flores, vocalista del grupo ‘Armonía 10′ en San Juan de Lurigancho (Lima), una situación que volvió a reavivar la indignación nacional y retrata cómo la criminalidad ha secuestrado la intranquilidad de la ciudadanía que a diario presencia las extorsiones y homicidios por sicariato.
Los asesinados
Solo entre el 17 y 18 de marzo, en Lima y Callao, murieron: Levis Quezada Agreda, el comerciante de 60 años de edad que fue atado y acribillado de varios disparos en Independencia por unos sujetos que lo habían secuestrado horas antes. Jorge Gonzáles Alzamora, de 51 años, perdió la vida en Villa El Salvador cuando estaba manejando un bus y un desadaptado le quitó la vida con varios disparos.

En San Juan de Miraflores, sicarios acabaron con la vida de Edson Alvarado Pérez, un joven de 23 años, de nacionalidad venezolana, que trabajaba como reciclador. En San Juan de Lurigancho, el taxista Kenji Mamani Osorio, de 26 años, recibió varios impactos de bala que le propinó un sicario que se hizo pasar como pasajero.
El marino José Fiestas Peredo, de 50 años, murió asesinado por un falso sereno en Bellavista, y Ángela Escate Berrios, de 37 años, fue asesinada cuando llamaba pasajeros en la avenida Venezuela.
También se reportó un ataque sicarial a una pollería en El Agustino donde dos mujeres quedaron heridas de bala. La mayoría de estos sicariatos son parte del último eslabón de la extorsión que azota a todo el Perú.

En Piura, el obrero Denis Farfán Cruz, de 38 años, y César Ramírez Farfán, de 24 años, fueron ultimados por desconocidos. Este último murió en presencia de su menor hijo, y no se descarta un ajuste de cuentas.
En La Libertad, Milko Encomenderos Alva, un hombre de 47 años que trabajaba como promotor de eventos, murió asesinado por sicarios cuando estaba en su camioneta, en la puerta de su casa. Joan Becerra Quiroz, un joven universitario de 20 años, fue ultimado en otra zona de la región cuando viajaba en una combi.
Ali Tineo Mata, de 26 años, y Niurka Astudillo Mejías, fueron acribillados en la región de Arequipa. Ambos ciudadanos venezolanos fueron interceptados cuando caminaban por el distrito de Sachaca. En huánuco, otros dos extranjeros de nacionalidad colombiana fueron acribillados cuando viajaban en una moto lineal. De estos dos últimos se desconoce la identidad, y la Policía no descarta que serían miembros del ‘gota a gota’.
El 19 de marzo se reportó la muerte de Jorge Luis Estrada, un taxista que fue baleado por un falso pasajero dentro de su vehículo a plena luz del día, en San Juan de Lurigancho. El crimen dejó a sus dos hijos, uno de ocho años y otro de cinco meses, en la orfandad.
Cifras récords de homicidios

Hasta el 18 de marzo, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reporta que 475 personas han sido asesinadas en Perú en lo que va del año, la mayoría con armas de fuego. La medida de estado de emergencia, implementada por el gobierno de Dina Boluarte y liderada por su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue anunciada el 17 de marzo y entró en vigencia al siguiente día.
La situación es alarmante principalmente por la tendencia del incremento de las cifras de homicidios, aunque el gobierno insiste en que no es tan grave cada que se compara con países vecinos. “Si la Policía no estuviera haciendo su trabajo, no estuviera haciendo operativos, no estaría con las capturas, etc., esto estaría a otro nivel”, dijo este miércoles el titular del Mininter.
Solo en los primeros dos meses de 2025, Perú había registrado 368 homicidios, un aumento considerable respecto a los 111 del mismo período en 2018. Aunque las cifras han crecido, definitivamente siguen siendo mucho menores que las de los países vecinos Ecuador y Colombia. No obstante, la sensación de inseguridad en la ciudadanía peruana es lo que realmente importa y es la que el gobierno, cada que puede, le resta importancia.
“Todavía, si uno lo ve a nivel regional, estamos lejos de los niveles de Centroamérica o Colombia, pero si lo miras desde el propio Perú, sí comienza a haber un crecimiento fuerte en la violencia, que era algo que no caracterizaba propiamente el caso peruano, y eso impacta mucho”, señaló a EFE el politólogo Eduardo Dargent.
Tras el asesinato del cantante peruano ‘El Ruso’, la presión sobre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha aumentado, generando nuevamente demandas de su salida. Debido a lo mediático del caso, en el Congreso de la República reaccionaron y se han presentado hasta cuatro mociones de censura en su contra.
Aunque el ministro defiende su gestión, afirmando que ha sido la mejor tanto del gobierno de Dina Boluarte como de las administraciones anteriores, los datos que arroja el Sinadef en cuanto a homicidios son preocupantes. En los 10 meses al mando de la cartera, se han registrado 1.840 homicidios, la cifra más alta comparada con la de otros exministros, incluyendo a Vicente Romero, quien también estuvo al frente de la cartera por el mismo período.
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