Fiscal de la Nación responde a denuncia constitucional presentada por el ministro del Interior: “Que lo demuestre”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este miércoles tras la denuncia constitucional interpuesta en su contra por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien la acusa de haber filtrado información reservada de una investigación en curso. Según informó RPP, la denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y solicita, además, la inhabilitación de Espinoza por un periodo de diez años para ejercer funciones públicas.

En declaraciones exclusivas al medio, Espinoza aseguró que la denuncia no tendrá consecuencias, ya que, según afirmó, el Ministerio Público ha seguido el debido proceso en la investigación preliminar que se le realiza al ministro por presunto abuso de autoridad. La fiscal también subrayó que no se ha vulnerado ninguna norma ni derecho fundamental en el procedimiento llevado a cabo por su institución.

La denuncia constitucional de Santivañez

De acuerdo con RPP, la denuncia constitucional presentada por el ministro Santiváñez se centra en la supuesta filtración de información privada contenida en la providencia número 70, relacionada con la investigación preliminar en su contra. Sin embargo, Espinoza explicó que no puede ofrecer detalles sobre el caso debido a que este se encuentra en curso. Pese a ello, enfatizó que el procedimiento seguido por el Ministerio Público es regular y se ajusta a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La fiscal de la Nación también señaló que, en su experiencia, los fiscales están acostumbrados a recibir denuncias de los investigados, quienes, según ella, podrían actuar motivados por temor o preocupación. “Entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado”, declaró Espinoza en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

El Ministerio Público defiende su actuación

Espinoza reiteró que el Ministerio Público continuará con la investigación mientras no exista una resolución judicial que declare irregular el procedimiento. “Nosotros vamos a continuar; por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor. Bueno, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, porque no se ha vulnerado nada”, afirmó.

Asimismo, la fiscal hizo un llamado a que no se desvíe el curso del procedimiento regular y aseguró que el control de cualquier posible afectación a los derechos fundamentales corresponde a la judicatura. “Está en la providencia. Estamos en una investigación regular y quien debe controlar esa investigación o cualquier afectación a los derechos es la judicatura”, puntualizó.

A pesar de la gravedad de la denuncia, que incluye la solicitud de inhabilitación por diez años, Espinoza descartó que exista un conflicto entre el Ministerio Público y otros poderes del Estado. La fiscal negó categóricamente que su institución esté enfrentada con el Ejecutivo o con alguna otra entidad autónoma. “Nosotros deseamos lo mejor. Y recalco también el tema de la unidad para seguir trabajando en nuestras respectivas funciones, pero lamentablemente hay medios y personas que se empeñan en hablar de guerra y enfrentamientos, ¡para nada!”, declaró.

Preocupación por cambios en la Ley de Extinción de Dominio

En otro tema, la fiscal de la Nación expresó su inquietud por las modificaciones propuestas por el Congreso a la Ley de Extinción de Dominio. Según explicó, estos cambios podrían debilitar la lucha contra el crimen organizado y favorecer la corrupción, al reducir los efectos de las medidas destinadas a combatir los bienes obtenidos de manera ilícita. Espinoza informó que el Ministerio Público ha remitido al Congreso un informe sustentado que detalla la inviabilidad de las modificaciones planteadas.

La fiscal subrayó la importancia de mantener herramientas legales efectivas para enfrentar a la delincuencia organizada y proteger los recursos del Estado. Aunque no ofreció detalles adicionales sobre las propuestas legislativas, dejó claro que cualquier debilitamiento de la normativa actual podría tener consecuencias negativas en la lucha contra la corrupción y otros delitos graves.