Defensoría del Pueblo en contra de cárcel para menores: “El derecho convencional nos impide hacer eso”

Ante el incremento de la delincuencia en el país, el Gobierno y el Congreso han puesto sobre la mesa la posibilidad de endurecer la responsabilidad penal de los menores de edad, en especial para aquellos de 16 y 17 años. La propuesta busca que los adolescentes sean juzgados como adultos si cometen delitos graves, como la extorsión.

Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo (DP). En una entrevista con Exitosa, Raúl Miranda Sousa, representante de la entidad, sostuvo que la medida atenta contra los convenios internacionales suscritos por el Perú y que la legislación vigente ya contempla un sistema penal especializado para menores.

“Hay una posición para reducir la edad para la responsabilidad penal entre 16 y 17 años. La posición de la Defensoría, en este sentido, es contraria. Nosotros no estamos de acuerdo con esta modificación. Primero tenemos que respetar los convenios internacionales, el derecho convencional nos impide hacer eso”, declaró Miranda Sousa.

Según el funcionario, quienes impulsan la propuesta carecen de fundamentos sólidos, ya que parte del argumento es que los menores serían inimputables. Sin embargo, recordó que el marco normativo actual sí contempla sanciones penales diferenciadas para adolescentes infractores.

Ministro del Interior defiende endurecimiento de penas para menores

Uno de los principales promotores de la iniciativa es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha insistido en la urgencia de tratar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos en caso de que cometan delitos graves.

“Queremos a los niños, respetamos a los niños, pero no podemos negar que los adolescentes con capacidad de discernimiento se están involucrando a sabiendas en las organizaciones criminales”, sostuvo Santiváñez en una reciente intervención.

El ministro pidió al Congreso revisar la propuesta para que los menores de esa edad puedan ser juzgados bajo el Código Penal en casos de extorsión.

“Es un tema difícil de discutir, pero es algo que se tiene que poner sobre la mesa”, agregó.

Un debate en medio de una crisis de seguridad

Este debate se da en un contexto donde el país enfrenta una ola de criminalidad sin precedentes. De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en enero de 2025 se registraron 199 homicidios, convirtiéndose en el mes más violento de los últimos nueve años.

Además, la participación de menores en bandas criminales ha sido señalada como una de las razones por las que se impulsa este cambio normativo. No obstante, sectores como la Defensoría del Pueblo han advertido que la solución no pasa por criminalizar a los adolescentes, sino por fortalecer las estrategias de prevención y reinserción social.

El debate sigue abierto y el Congreso deberá decidir si avanza con la propuesta o si se mantiene el tratamiento diferenciado para menores infractores dentro del sistema de justicia.

Pese a su defensa del accionar policial, el ministro Juan José Santiváñez enfrenta una alta desaprobación por parte de la ciudadanía. Según una encuesta de Datum, publicada por El Comercio, el 87% de los peruanos considera que debería dejar el cargo.

Al ser consultado sobre estos resultados, el ministro minimizó la encuesta y aseguró que su gestión no se guía por estos indicadores, sino por un plan programático de lucha contra la delincuencia.

“No me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas. Yo trabajo en base a un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad”, declaró en una entrevista con Panorama.

A pesar del rechazo mayoritario, Santiváñez señaló que su aprobación ha subido cinco puntos desde diciembre, lo que, según él, indicaría que los resultados de su estrategia comienzan a ser percibidos por la población.